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Áreas de práctica

Derecho administrativo

El equipo de Derecho Administrativo de Pérez-Llorca está integrado por abogados de reconocido prestigio, algunos de los cuales son Abogados del Estado en excedencia, que poseen una dilatada experiencia en las relaciones con la Administración pública y que ofrecen a los clientes soluciones ajustadas a cada situación.

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El equipo de Derecho Administrativo de Pérez-Llorca está integrado por abogados de reconocido prestigio, algunos de los cuales son Abogados del Estado en excedencia, que poseen una dilatada experiencia en las relaciones con la Administración pública y que ofrecen a los clientes soluciones ajustadas a cada situación.

El equipo de Derecho Administrativo, apoyado por el resto de abogados de la Firma, presta asesoramiento jurídico integral a entidades del sector público y empresas privadas sometidas a derecho público, fundaciones y sociedades reguladas. Algunas de las grandes áreas de asesoramiento son:

  • Contratos Públicos.Está particularmente especializado en procedimientos de contratación, ejecución de contratos públicos, así como resolución de controversias en materia de contratación. Y en procesos de due diligence relacionados con la revisión de tales contratos.
  • Asesoramiento y defensa letrada. En todo tipo de materias y particularmente en materia de sectores regulados: en el sector energético, financiero y de las telecomunicaciones. El equipo también cuenta con amplia experiencia en actuaciones o procedimientos administrativos, pre-judiciales o judiciales frente a todas las instancias. Asimismo, asesoran en cuestiones relacionadas con bienes públicos: aguas, aeropuertos, costas y puertos, bienes patrimoniales de la Administración pública, etc.
  • Procedimientos administrativos. Además, el equipo tiene dilatada destreza en la elaboración de informes o dictámenes jurídicos de especial complejidad, tales como las negociaciones en expedientes de reequilibrio económico-financiero; y en la remisión de información obligatoria, presentación de formularios o cualesquiera otras obligaciones formales que sean exigibles ante las Administraciones públicas. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, infracciones y sanciones administrativas.

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