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Ley 2586 de 2026: claves del primer concepto general de la DIAN sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero

14/10/2026

La DIAN dio a conocer sus primeros criterios sobre la interpretación y aplicación de la Ley 2586 de 2026. Analizamos los principales efectos del nuevo régimen sancionatorio aduanero para importadores, exportadores, agencias de aduanas y demás operadores de comercio exterior en Colombia.

El pasado 1 de octubre de 2026, cuatro meses después de la entrada en vigor del nuevo régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de mercancías introducido por la Ley 2586 de 2026, la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN expidió el Concepto General No. 100208192-1868, mediante el cual dio a conocer sus primeras interpretaciones sobre diversos aspectos de esta norma.

Este pronunciamiento no solo permite identificar el alcance que la entidad atribuye a varias de las disposiciones incorporadas por la Ley 2586 de 2026, sino también anticipar los criterios que orientarán su aplicación por parte de la administración aduanera para esta normatividad.

Con esto en mente, desde el área de aduanas y comercio exterior de Pérez-Llorca Colombia hemos preparado el siguiente boletín que resume los puntos más relevantes que todo importador, exportador, agencia de aduanas y operador de comercio exterior debe tener presentes

  1. Auditoría Posterior al Despacho: la nueva puerta de entrada al cumplimiento voluntario

Mediante el concepto general No. 100208192-1868 la DIAN confirmó que el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 2586 de 2026 no restringe la aplicación de esta Auditoria a ningún tipo de usuario, razón por la cual se debe entender que opera para cualquier usuario aduanero.

Lo anterior, bajo el entendido de que es un mecanismo de prevención a la comisión de nuevas infracciones promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones, a través de la gestión persuasiva.

¿Qué significa esto en términos de debida diligencia?

  1. Que toda la cadena de comercio exterior de los diferentes usuarios debe anticiparse a los requerimientos persuasivos de la DIAN, documentando internamente sus procesos de clasificación, valoración y origen.
  2. Que contar con protocolos internos de autorrevisión y trazabilidad documental deja de ser una buena práctica reservada a grandes operadores y se vuelve una necesidad para todos los usuarios en pro de prevenir la comisión de infracciones aduaneras.

 

  1. Declaración anticipada: la infracción que más operaciones puede tocar

La Ley 2586 de 2026 replicó la sanción que ya existía al respecto en el Decreto 920 de 2023, expresamente en el numeral 15.2.2.1 del artículo 15 indicando que la no presentación o presentación extemporánea de la declaración anticipada obligatoria configura una infracción aduanera bajo el nuevo régimen sancionatorio.

No obstante, la multa para dicha sanción ahora es del 10% de los tributos aduaneros dejados de cancelar (tope de 200 UVT por operación) o, si no se causan tributos, del 1% del valor FOB (mismo tope).

Mediante su concepto general, la DIAN precisó un punto crítico para la liquidación de la sanción: cuando no se presenta la declaración anticipada, la base de cálculo son los tributos aduaneros vigentes en la fecha en que debió presentarse dicha declaración, no los liquidados posteriormente. En cambio, cuando la declaración sí se presenta, pero fuera del término de antelación exigido y los tributos ya fueron pagados, no existe base para liquidar la multa, aunque la situación debe incorporarse al sistema de gestión de riesgo de la entidad.

 

  1. Tipicidad equivalente: la llave para saber qué régimen sancionatorio aplica

Con respecto a este punto, la DIAN, apoyándose en la sentencia C-225 de 2019 de la Corte Constitucional, precisó que la equivalencia de las conductas típicas no se mide de forma literal o gramatical, sino mediante un análisis integral que verifique la permanencia de los elementos esenciales de la infracción (la conducta sancionada, el sujeto responsable, el bien jurídico protegido, la obligación incumplida y el supuesto fáctico).

Con base en ellos concluyó que si esos elementos esenciales se mantienen en la Ley 2586 pese a cambios de redacción, numeración o terminología existe tipicidad equivalente y el proceso puede continuar, aplicando la sanción más favorable. Por el contrario, si la nueva ley modifica el sujeto responsable, el comportamiento exigido, el supuesto fáctico o el bien jurídico tutelado, la equivalencia desaparece y no procede continuar el proceso bajo ese fundamento.

No obstante, esta interpretación abre las puertas a una violación del propio principio de tipicidad y legalidad en sí mismo, puesto que el análisis de los “elementos esenciales” que la DIAN emplea para determinar la equivalencia típica podría terminar extendiendo, por vía de aplicación analógica, el alcance de una infracción no vigente. Lo anterior, en la medida en que el principio de tipicidad y legalidad impide a la administración crear, modificar o ampliar los supuestos para tipificar una infracción más allá de los expresamente previstos por el legislador.

Por esta razón, es indispensable para los usuarios revisar los procesos en curso para poder determinar si la infracción por la que en su momento se les sanciono bajo la vigencia del Decreto 920 de 2023 se mantiene en la Ley 2586 de 2026 o si por el contrario dejo de estar tipificada la conducta y por ende procede la aplicación del principio de favorabilidad.

 

  1. Favorabilidad: un principio de amplia aplicación

El concepto de la DIAN despejó una duda frecuente, y es que el principio de favorabilidad del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 2586 de 2026 no se limita a comparar cuantías de sanciones, sino que aplica de igual manera cuando la nueva norma suprime, modifica, flexibiliza o reduce trámites o exigencias cuyo incumplimiento configuraba una infracción.

Por otro lado, la DIAN también aclaró que la favorabilidad no operaba de forma automática frente a cualquier cambio normativo más benéfico, pues solo aplicaba cuando el cambio incidiera en la configuración de una infracción y no con respecto de reglas puramente procedimentales ajenas al tipo sancionable (como ocurre con los nuevos eventos de firmeza de los actos administrativos del artículo 98, que no dan lugar a favorabilidad por no estar ligados a una infracción).

En este contexto es recomendable para los equipos de comercio exterior revisar las sanciones impuestas o en discusión bajo la vigencia del Decreto Ley 920 de 2023 para identificar oportunidades de recálculo o terminación favorable, no solo en el monto sino en los requisitos y causales aplicables

 

  1. Otros cambios con impacto operativo inmediato

Mediante este mismo concepto, la DIAN aclaró además de los puntos ya señalados previamente, cuestiones puntuales con respecto a las medidas cautelares, el comité de revisión de aprehensiones (CORA) y el deber de denuncia penal, así:

  • Medidas cautelares: la imposición de dispositivos de seguridad o trazabilidad (numeral 7 del artículo 7) no se puede combinar con otras medidas cautelares, salvo que el dispositivo muestre señales de violación o alteración; y cuando procede la aprehensión, no se aplican otras medidas cautelares distintas (parágrafo 1 del artículo 7).
  • Comité de Revisión de Aprehensiones (CORA): opera sin límite de cuantía desde el 19 de junio hasta el 31 de julio de 2026; desde el 1 de agosto de 2026 rigen las cuantías del parágrafo 2 del artículo 8.

El régimen aplicable (Decreto Ley 920 de 2023 o Ley 2586 de 2026) depende de la fecha de notificación del acta de aprehensión, que es el hito que determina el inicio del procedimiento de decomiso.

  • Deber de denuncia penal: la denuncia derivada de una aprehensión puede formularse en dos momentos: de inmediato, si existen indicios contundentes de que la aprehensión concluirá en decomiso, o una vez agotada la discusión administrativa, evitando desgastes innecesarios cuando la mercancía resulte de legal introducción.

En conclusión, si bien el concepto general emitido por la DIAN contribuye a aclarar diversas inquietudes relacionadas con la aplicación de la Ley 2586 de 2026, también pone de manifiesto la necesidad de realizar un análisis riguroso de los criterios interpretativos adoptados por la entidad. Comprender el alcance de estas interpretaciones resulta fundamental para identificar sus implicaciones prácticas, evaluar los riesgos que pueden derivarse de su aplicación y asegurar una adecuada observancia de las disposiciones previstas en la nueva normativa.

Lo anterior cobra especial relevancia frente a la interpretación que la DIAN está realizando de figuras como la tipicidad equivalente y la aplicación del principio de favorabilidad, este último particularmente en asuntos relacionados con la firmeza y ejecutoria de los actos administrativos, respecto de los cuales subsisten importantes interrogantes sobre la compatibilidad de los criterios expuestos por la entidad con el ordenamiento jurídico, los principios que rigen el derecho administrativo sancionador y las garantías consagradas en la Constitución Política.

Este boletín tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoría legal sobre un caso concreto. Si su organización tiene operaciones de comercio exterior en Colombia, este es el momento de revisar sus procesos internos a la luz de la Ley 2586 de 2026. Contáctenos para una evaluación de impacto a la medida de su operación.

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