Puntos Clave

1.    Modalidades de licencia

Se confirman tres modalidades, todas exclusivamente para educación presencial:

2.    Requisitos de licencia

La solicitud debe presentarse con mínimo 6 meses de antelación. Solo pueden exigirse los requisitos del Decreto 1075 de 2015:

• Propuesta de PEI.
• Licencia de construcción o acto de reconocimiento con planos.
• Concepto de uso del suelo.
• Permiso de ocupación.
• Proyecto del PEGR-CC.

Restricciones de nombre: no se aprobará el uso de “bilingüe”, “virtual” o “a distancia” en el nombre si el PEI no sustenta dicha oferta.

3.    Criterios urbanísticos

Se unifican reglas para valorar licencias de construcción según su fecha de expedición (desde 1979), incluyendo uso del suelo, sismorresistencia y permisos de ocupación. No se exigirá englobe jurídico cuando se opere en más de un inmueble, siempre que las nomenclaturas consten en la licencia o se aporten las licencias individuales.

4.    Modificaciones de licencia

Se regulan 9 causales (cambio de sede, traslado, cambio de titular, cambio de nombre, ampliación/disminución de niveles, fusión, modificación del PEI, cambio de planta física y cambio de nomenclatura). La solicitud debe presentarse con mínimo 3 meses de antelación. Las ampliaciones de servicio, nuevas sedes y cambios de planta física solo proceden con licencia definitiva.

5.    Pérdida de vigencia y cierre

La licencia pierde vigencia si no se inician labores en 2 años o no se registra el PEI en 12 meses. No se autorizan cierres temporales. El cierre voluntario requiere solicitud con mínimo 6 meses de antelación y entrega completa de archivos académicos

Riesgos y recomendaciones

Riesgos clave

• Solo educación presencial: Las licencias se otorgan únicamente para la modalidad presencial, lo que deja sin cobertura expresa los modelos híbridos o con componentes virtuales.
• Ampliaciones solo con licencia definitiva: Las instituciones con licencia condicional no podrán ampliar niveles, abrir sedes ni modificar la planta física hasta obtener la licencia definitiva.
• Pérdida automática de vigencia de la licencia condicional: Si no se solicita la renovación, la licencia pierde vigencia sin necesidad de acto administrativo, lo que exige un control riguroso de plazos.
• Prohibición de cierres temporales: No se autoriza la suspensión temporal de operaciones, lo cual puede afectar a instituciones ante situaciones de fuerza mayor.

Acciones recomendadas

1. Verificar el estado de la licencia e identificar si es definitiva, condicional o provisional. Si es condicional, gestionar los documentos faltantes para obtener la definitiva y establecer un calendario de seguimiento para la renovación oportuna.
2. Revisar la licencia de construcción para confirmar el cumplimiento de las normas de sismorresistencia y uso del suelo según el periodo en que fue expedida.
3. Actualizar el PEI conforme a los requisitos del artículo 4 de la resolución, incluyendo la verificación del nombre de la institución (restricciones al uso de “bilingüe”, “virtual” o “a distancia” sin sustento).
4. Implementar los lineamientos de gestión documental para archivos académicos, obligación que aplica también a instituciones con licencia vigente.

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TELÉFONOS MÓVILES:

Regla general: Se limita el uso de teléfonos móviles durante toda la jornada escolar en la educación inicial, básica y media, tanto en los espacios de clase como en los descansos, para todos los miembros de la comunidad educativa, salvo el uso institucional que requieran el cuerpo docente y administrativo.

¿Cuándo NO se puede usar el celular? Durante la jornada escolar, ni en clases ni en descansos, salvo las excepciones previstas en la Resolución.

¿Cuándo SÍ se puede usar el celular? Previa validación del Consejo Académico, se permitirá su uso:

• Para actividades pedagógicas específicas a partir de octavo grado (8°), cuando el dispositivo contribuya directamente al desarrollo de una actividad o proyecto académico previamente definido y bajo supervisión docente;
• Para proyectos audiovisuales educomunicativos en otros grados, de forma excepcional y bajo supervisión docente, cuidando la intimidad, la imagen y los datos personales de los estudiantes;
• Por inclusión, accesibilidad o ajustes razonables, cuando el dispositivo sea una herramienta necesaria para garantizar la participación, permanencia o aprendizaje de estudiantes que requieren apoyos, sin que la validación institucional pueda convertirse en una barrera para el ajuste; y
• Por razones de salud, cuando su uso sea necesario para el monitoreo, cuidado o atención de una condición de salud del estudiante, previa información de la familia al Colegio.

En todo caso, siempre está permitido su uso ante una emergencia que ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la integridad de un miembro de la comunidad educativa y requiera comunicación inmediata.

Nota: El uso pedagógico autorizado no genera para los estudiantes la obligación de tener dispositivos propios.

PANTALLAS

Límites de exposición a pantallas (tabletas, computadores y televisores) con fines pedagógicos por nivel escolar:

¿Cuándo se pueden superar los límites?

• El uso de pantallas en el área de Tecnología e Informática.
• Para los niveles de básica primaria y secundaria, cuando el Consejo Académico lo autorice de manera excepcional y justificada, ante una necesidad pedagógica específica, sin que ello pueda convertirse en una práctica generalizada o permanente

¿Qué deben hacer los Colegios?

Antes del 7 de marzo deben:

1. Definir los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las reglas previstas, y, según su contexto, establecer restricciones frente al porte o uso de teléfonos u otros dispositivos, incluyendo acuerdos y medidas pedagógicas sobre las consecuencias de su uso ilimitado.
2. Contar con mecanismos institucionales de planeación, coordinación y seguimiento que permitan organizar el uso pedagógico de las pantallas entre las diferentes áreas, asignaturas y actividades desarrolladas durante la jornada escolar, de manera que se garantice el cumplimiento de los límites establecidos para el uso de pantallas.
3. Promover la sensibilización y reflexión sobre el uso responsable de las pantallas y teléfonos móviles en el hogar, así como sobre la importancia de establecer límites adecuados al tiempo de exposición de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo, para lograr entornos digitales sanos y seguros.
4. Brindar a las familias orientaciones que les permitan acompañar a niñas, niños y adolescentes en la construcción de hábitos saludables y favorecer las actividades sin pantallas, así como la socialización de sus experiencias en la aplicación de estas en los hogares
5. Adoptar en el Manual de Convivencia las medidas y mecanismos necesarios para implementar las reglas indicadas en la Resolución, incluyendo la elaboración de acuerdos de uso, así como las medidas a las que haya lugar por su incumplimiento con una perspectiva pedagógica, proporcional, restaurativa y respetuosa del debido proceso. Las modificaciones deben hacerse de manera participativa con la comunidad educativa.
6. Establecer mecanismos de comunicación efectiva entre familias y estudiantes mediante canales institucionales cuando sea necesario según las circunstancias de cada estudiante y siempre que estén debidamente justificadas para esta finalidad, sin afectar el normal desarrollo de las actividades académicas y de convivencia.

Desde Pérez-Llorca quedamos a disposición para acompañar la implementación de estas medidas en los manuales de convivencia y pactos de corresponsabilidad de las instituciones educativas.

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2. Reorganización y procesos concursales:
Tarifa fija $1.750.905 (144,58 UVB de 2026, equivalente a 1 SMMLV) Aplica para sociedades en: Reorganización empresarial Acuerdo de reestructuración Concordato Liquidación judicial Liquidación voluntaria

3. Plazo de pago:
20 días calendario. Contados desde la expedición de la respectiva cuenta de cobro.

4. Plazo especial para zonas afectadas por el terremoto de agosto de 2026: Las sociedades con domicilio fiscal en los siguientes departamentos dispondrán de: 60 días calendario para efectuar el pago.

5. ¿Su compañía está obligada al pago?

• La sociedad solo está obligada al pago si está en grado de vigilancia o control ante la Superintendencia de Sociedades.
• La resolución fija las condiciones económicas aplicables para 2026.
• Es recomendable:
  • Estar pendiente del correo de notificaciones judiciales de la sociedad para revisar oportunamente la cuenta de cobro enviada por la Superintendencia;
  • Validar la base de activos considerada por la Superintendencia; y,
  • Confirmar los plazos aplicables según la situación particular de la sociedad.

Si tiene alguna duda liquidando la contribución por vigilancia o control de la sociedad, con mucho gusto en Pérez-Llorca; Gómez-Pinzón resolveremos todas sus dudas.

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Equipo:

Lina Uribe – Socia

Andrea Stephanou Cruz – Asociada Senior

Daniela Huerta – Asociada Senior

Andres Pulido Matallana – Asociada

Mariana Hincapié – Asociada

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Equipo:

Paola Valderrama – Socia

Tobias Kálnay – Asociada Senior

Andres Pulido – Asociado

Mariana Hincapie – Asociada

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A quienes somos aficionados al fútbol nos interesa saber quién controla el equipo, porque conocer esta persona nos permite saber pa’ donde va nuestro equipo; e igual que a los hinchas les interesa saber hacia dónde va su equipo, al mercado en general le interesa —o debería interesarle— conocer quién mueve los hilos que definen el rumbo de cada sociedad.

Puede leer el artículo completo aquí.

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Desde la intervención de septiembre de 2024, la deuda de Air-e pasó de unos $530.000 millones a cerca de $2,5 billones. La empresa atiende más de 1,2 millones de hogares y pesa cerca del 11,5% de la demanda nacional. Pero el dato decisivo no es el tamaño del hueco, sino su origen: buena parte de esa deuda se generó después de la intervención, es decir, mientras el propio Estado administraba la empresa. No es solo una herencia de los privados; es una cuenta causada bajo administración pública.

Puede leer el artículo completo aquí.

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Lea el boletín completo AQUÍ.

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Esta sentencia fija reglas de alto impacto para todas las instituciones educativas del país. A continuación, se presentan los puntos más relevantes:

• La Corte concluyó que cuando una nota de comportamiento se usa en la práctica para castigar una conducta, esa nota deja de ser una simple evaluación y adquiere naturaleza sancionatoria.

Precisó que, aunque no toda nota relacionada con comportamiento constituye automáticamente una sanción, sí debe cumplir garantías constitucionales cuando termina afectando de manera significativa la trayectoria educativa de un estudiante.

En esa medida, cuando la nota va a afectar la trayectoria educativa, el Colegio debe seguir el procedimiento que su propio Manual de Convivencia establece para imponer sanciones, el cual debe cumplir con los requisitos mínimos para garantizar el debido proceso.

• La Corte reconoció que los docentes tienen autonomía para definir estrategias de manejo del aula y criterios de evaluación. Sin embargo, precisó que esa autonomía “debe ejercerse dentro del marco de la normatividad institucional y no autoriza la adopción de esquemas que eludan las reglas previstas para la imposición de medidas correctivas“.

Además, la Corte señaló que el Colegio tiene la obligación de ajustar sus prácticas pedagógicas y de convivencia a las necesidades concretas de cada estudiante. En este caso, el expediente reveló que el estudiante se encontraba en proceso de valoración por un posible TDAH; pese a ello, la institución mantuvo un esquema rígido que afectó el desarrollo académico y emocional del menor. Este deber de adaptabilidad no requiere de un diagnóstico médico formal para activarse; basta con que la institución cuente con información suficiente para advertir que el estudiante enfrenta retos específicos. En esa medida, se elevó el estándar para los establecimientos educativos, pues deben actuar con rigor, transparencia y sensibilidad frente a la experiencia particular de cada estudiante.

• La Corte resaltó que el debido proceso en el Colegio no es solo un trámite, sino que tiene un valor educativo. Esto porque cuando un estudiante puede conocer las razones de una decisión y controvertirla, aprende que la autoridad se ejerce con razones y no de manera arbitraria.
• Advirtió que convertir la convivencia en un número tiende a reemplazar el diálogo pedagógico por una consecuencia que, sin criterios claros, se convierte en un acto de autoridad que nadie puede cuestionar. En ese sentido, las instituciones deben fundamentar sus decisiones en el diálogo, el acompañamiento pedagógico, la inclusión y el respeto por la dignidad de los estudiantes. Por ello, la evaluación del comportamiento debe aplicarse de manera individual, reservada y orientada a la formación del estudiante, nunca como un mecanismo que lo estigmatice.

Esta sentencia marca un precedente importante para el sector educativo porque:

1. Las instituciones deben revisar si sus mecanismos de valoración del comportamiento operan en la práctica como sanciones encubiertas y, de ser así, deben desarrollar el proceso disciplinario antes de imponerlas.

2. Deben implementar medidas de adaptabilidad desde que adviertan necesidades específicas del estudiante y responder de fondo las solicitudes de los acudientes sobre criterios y evidencias de evaluación.

3. No adoptar estas medidas expone a las instituciones a acciones de tutela y a que los jueces les impartan órdenes judiciales respecto de estrategias y políticas que deban implementar.

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