Miranda & Amado y Pérez-Llorca han alcanzado un acuerdo de integración plena, jurídica y económica, para crear la principal firma legal en Iberoamérica. Se trata de un hito sin precedentes en el mercado peruano: la primera fusión completa entre una firma líder local y un despacho iberoamericano de primer nivel.

Está previsto que la integración se complete en las próximas semanas, una vez obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los órganos de gobierno de ambas firmas.

Una plataforma de dimensión iberoamericana

Con la incorporación de los aproximadamente 240 integrantes de Miranda & Amado, Pérez-Llorca alcanzará los 1.300 profesionales a nivel global, con cerca de 700 personas en Latinoamérica, consolidando una presencia en México, Colombia y Perú que la posiciona como el socio de referencia para grandes compañías internacionales, bancos de inversión y financial sponsors con intereses en la región.

La complementariedad de ambos equipos permitirá a la firma integrada asesorar con igual solidez en operaciones locales y en los flujos de inversión hacia el Perú provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio, además de consolidarse como un actor principal en las mayores controversias internacionales vinculadas a los países iberoamericanos. Los socios de Miranda & Amado se incorporarán a los órganos de gobierno de Pérez-Llorca y asumirán posiciones de liderazgo en prácticas internacionales clave.

Trayectoria y reconocimiento de primer nivel

Ambas firmas acumulan un historial de excelencia avalado por los principales directorios internacionales: 50 Bandas 1 y 2 en Chambers & Partners y 61 Tier 1 y 2 en Legal 500. Miranda & Amado, además, ha sido recientemente reconocida con el Client Service Award Perú 2026 de Chambers & Partners y figura como firma Elite en Latin Lawyer 250, distinción que comparte con Pérez-Llorca México y Pérez-Llorca Colombia.

Proyecto Scala: una visión iberoamericana

Esta integración se enmarca en el Proyecto Scala, la iniciativa de Pérez-Llorca para construir una firma iberoamericana integrada, con estándares homogéneos de servicio y capacidad de asesoramiento coordinado en operaciones multijurisdiccionales. Tras las integraciones en México (2024) y Colombia (2025), Perú consolida de forma natural la presencia latinoamericana de la firma.

La firma resultante ofrecerá asesoramiento en derecho español, portugués, europeo, mexicano, colombiano y peruano desde sus oficinas en Barcelona, Bogotá, Bruselas, Ciudad de México, Lima, Lisboa, Londres, Madrid, Medellín, Monterrey, Nueva York y Singapur, a las que se sumará una nueva en Abu Dabi a lo largo de 2026, orientada a acompañar a inversores de Oriente Medio en sus operaciones hacia la Península Ibérica y las Américas.

En palabras de Pedro Pérez-Llorca, Socio Director de Pérez-Llorca: “La integración con Miranda & Amado supone un nuevo hito en un proyecto iniciado hace tres años con una ambición clara: construir una firma iberoamericana de referencia, sólida y sostenible. Tras México y Colombia, Perú refuerza nuestra presencia en Latinoamérica y consolida un modelo de crecimiento basado en integraciones plenas con firmas líderes, con quienes compartimos cultura, estándares de excelencia y una misma visión del ejercicio de la abogacía”.

Por su parte, José Daniel Amado, Socio Fundador de Miranda & Amado, señala: “Esta integración es una oportunidad extraordinaria para combinar la reputación, trayectoria y talento de Miranda & Amado con la proyección internacional de Pérez-Llorca. Nace del encuentro de dos firmas con la ambición de liderar el mercado, fortalecer su presencia local y construir una plataforma global sin precedentes en la región”.

Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca, añade: “Latinoamérica es una prioridad estratégica. Con esta integración damos un salto cualitativo en nuestra capacidad de ofrecer un servicio coordinado y de alto valor añadido a nuestros clientes en la región”.

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La sesión estuvo moderada por Andy Ramos Gil de la Haza, Socio de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Pérez-Llorca, y contó con la participación de Alejandro Puerto, Registrador de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, y David Aliaga, Senior Managing Director de FTI Consulting.

Un nuevo paradigma de riesgo para la innovación

Durante la apertura, se destacó que la transformación de los procesos productivos mediante IA generativa puede impactar en la valoración de las empresas de base tecnológica. Los ponentes subrayaron que la posible depreciación de determinados activos innovadores, así como la complejidad de proteger aquellos generados mediante IA sin una intervención humana significativa, plantea retos económicos y jurídicos de carácter estratégico.

Andy Ramos, Socio del Despacho, analizó la dualidad de esta tecnología:

“La IA generativa está alterando no solo los modelos económicos y jurídicos de las compañías tecnológicas, sino también la forma en que entendemos la impronta personal en la creación. En este nuevo escenario, resulta esencial mantener una reserva de humanidad y avanzar hacia metodologías ‘human in the loop’ que permitan aprovechar la eficiencia de estas herramientas sin renunciar a la protección de los activos intangibles”.

Perspectiva jurídica: la protección de intangibles

Alejandro Puerto, Registrador de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, abordó la complejidad de los derechos de autor en el entorno de la IA. Asimismo, abrió el debate sobre la utilidad de los criterios de originalidad y autoría en un entorno en el que la IA generativa permite producir software, textos e imágenes con una intervención humana difícil de delimitar.

“La propiedad intelectual siempre ha protegido la expresión formal de una creación, no las ideas ni las funcionalidades. La IA generativa nos obliga a replantearnos qué queremos proteger como sociedad y hasta qué punto tiene sentido mantener esquemas tradicionales cuando existen herramientas capaces de generar resultados similares de forma rápida y accesible”.

Impacto económico y financiero

Desde un enfoque financiero, David Aliaga, Senior Managing Director de FTI Consulting, analizó las métricas de depreciación de activos. Se advirtió que el uso masivo de herramientas de IA generativa sin un control legal riguroso puede afectar a la valoración de mercado de las compañías si sus activos tecnológicos dejan de ser exclusivos, defendibles o capaces de generar ingresos sostenibles.

“Desde el punto de vista económico, el valor de un intangible no depende únicamente de su existencia, sino de su capacidad para generar ingresos y de que esté adecuadamente protegido. En un contexto en el que la IA abarata la generación de contenidos y software, las compañías deberán demostrar que sus activos son defendibles, monetizables y capaces de sostener su valoración en el mercado”. La jornada puso de manifiesto la necesidad de que las compañías adopten un enfoque preventivo en la protección y gestión de sus activos intangibles, especialmente ante la creciente complejidad jurídica que plantea el uso de herramientas de IA generativa.

La Cátedra Pérez-Llorca/IE reafirma su posición como foro de vanguardia para el diseño de estrategias legales robustas ante los hitos disruptivos de la industria tecnológica. A través de esta colaboración, el Despacho reitera su compromiso de acompañar a sus clientes en la protección y defensa de sus activos intangibles, aportando la excelencia técnica necesaria para transformar los retos de la inteligencia artificial en oportunidades estratégicas de negocio.

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La jornada contó con la participación de Cristina Duch, Socia de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Pérez-Llorca España, y Pablo Hooper, Socio de Propiedad Intelectual y Deporte de Pérez-Llorca México, bajo la moderación de Alberto Bustamante, Counsel de Fusiones y Adquisiciones del Despacho.

Durante la apertura, se destacó la relevancia de este ciclo de cuatro años: el torneo de 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá, será el primero con 48 equipos; mientras que la cita de 2030 inaugurará una era transcontinental con España, Portugal y Marruecos como anfitriones.

En términos económicos, los ponentes subrayaron que la FIFA proyecta ingresos de 11.000 millones de dólares para el ciclo 2026. Para el caso de España en 2030, se estima un retorno de 4,28 € en el PIB por cada euro invertido, con una generación de más de 80.000 empleos.

Protección de activos y riesgos de infracción

Cristina Duch, Socia de Pérez-Llorca, analizó la importancia de la protección de intangibles, destacando el auge del brand enforcement transfronterizo. Duch advirtió que el scope de protección actual es mucho más amplio, extendiéndose a consultas sobre trade dress y marcas no tradicionales, como las sonoras o los hologramas, que superan el mero registro denominativo o figurativo. Asimismo, puso especial foco en el uso de los hashtags: “No son solo una herramienta para organizar contenido o activar algoritmos; en términos jurídicos, pueden ser verdaderas marcas cuyo uso indebido digital es ya un detonante de infracción y el origen de contenciosos de gran escala.”

Por su parte, Pablo Hooper, Socio de Pérez-Llorca México, profundizó en los riesgos de infracción y el uso indebido de imagen, advirtiendo sobre el error de lanzar campañas previas al evento sin un blindaje legal sólido para revisar todo su contenido desde una óptica de propiedad intelectual y validar sus lanzamientos. Asimismo, detalló asimetrías regulatorias críticas, como la exigencia en la normativa mexicana de obtener autorizaciones para el uso de imagen de bienes inmuebles históricos catalogados, requisito inexistente en España, y la necesidad de coordinar estrechamente los equipos de marketing y legal: “El coste de un litigio puede ser diez veces superior al de la protección preventiva. Esta protección no es equiparable con el litigio ni con la pérdida de la oportunidad de negocio. Hay que estar atentos porque las demandas pueden llegar incluso una vez finalizado el evento.”

Ambush Marketing y cumplimiento normativo

El panel final se centró en el ambush marketing y las estrategias para capturar valor reputacional sin infringir derechos de propiedad industrial. Los ponentes señalaron que esta práctica no es intrínsecamente ilícita si se ejecuta con rigor, distinguiendo entre el marketing por asociación, que busca crear un vínculo oficial inexistente mediante actividades como el uso y entrega no autorizada de entradas; la realización de campañas publicitarias con elementos de asociación durante las fechas del evento o la contratación de influencers para acciones de promocionales en relación con el evento, entre otras iniciativas; y el marketing por intrusión, que busca la exposición de una marca no patrocinadora durante la celebración del evento.

Para evitar riesgos, los expertos insistieron en la necesidad de convalidar legalmente todas las activaciones para revisar contenidos y con ello proteger la reputación corporativa de las empresas: “En eventos de máxima exposición, la prioridad debe ser la preservación de la reputación y conservación de la misma permanentemente. El éxito de una campaña no reside en la visibilidad inmediata, sino en la seguridad jurídica que garantiza que la presencia de la marca sea coherente, lícita, permanente y esté protegida frente a cualquier riesgo de asociación que pueda comprometer su integridad institucional.”

La jornada puso de manifiesto la necesidad de que las compañías adopten un enfoque de cumplimiento preventivo ante la sofisticación de las normativas de propiedad industrial. Pérez-Llorca, a través de sus equipos transversales en España y México, reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes en la protección y defensa de sus activos intangibles y en el diseño de estrategias legales robustas ante los hitos dentro de la industria del entretenimiento, en especial los eventos deportivos globales de la próxima década.

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Pérez-Llorca se ha convertido en el primer despacho de abogados en España en obtener de manera conjunta las certificaciones ISO 37001, estándar internacional en sistemas de gestión antisoborno, y UNE 19601, norma de referencia en sistemas de gestión de compliance penal. Ambas han sido otorgadas por Bureau Veritas, uno de los organismos certificadores líderes a nivel global.

Este doble reconocimiento refuerza el modelo de gobierno corporativo de la Firma y la posiciona como referente en integridad empresarial y gestión del riesgo, un factor cada vez más determinante para compañías que operan en entornos regulatoriamente exigentes y con alta exposición reputacional.

Un marco integral de cumplimiento ético y penal

La ISO 37001 avala la implantación de un sistema de gestión antisoborno conforme a la norma internacional, que proporciona un marco estructurado para prevenir, detectar y gestionar riesgos de soborno, reforzando la cultura de integridad y transparencia en todas las actividades del Despacho.

Por su parte, la UNE 19601 acredita la existencia de un sistema de compliance penal alineado con las mejores prácticas internacionales, capaz de mitigar riesgos delictivos y reforzar la cultura de cumplimiento en un entorno cada vez más regulado y sujeto al escrutinio de los stakeholders.

La adopción conjunta de ambas normas permite al Despacho integrar de forma coherente sus sistemas de gobierno de compliance, dar respuesta proactiva a los riesgos de soborno y delitos corporativos, y cumplir con los más elevados estándares éticos y regulatorios del mercado, lo que redunda en un refuerzo de la confianza por parte de clientes, empleados y demás grupos de interés en su modelo de gestión y gobierno.

“Obtener las certificaciones ISO 37001 y UNE 19601 es un hito que refleja el compromiso continuo de Pérez-Llorca con la integridad, la excelencia profesional y la transparencia en todos nuestros procesos. Este reconocimiento nos sitúa a la vanguardia del sector legal en España y nos permite ofrecer a nuestros clientes la máxima garantía de cumplimiento ético y legal”, ha afirmado Julio Lujambio, socio ejecutivo de Pérez-Llorca.

“Nuestra apuesta por un modelo robusto de gestión penal y antisoborno responde no solo a una obligación normativa, sino a un valor diferencial que aporta seguridad jurídica y reputacional tanto a nuestros clientes como a nuestra propia organización”, ha señalado José Luis Luna, Chief Legal Officer de Pérez-Llorca.

Desde la perspectiva de cumplimiento, María Cano, Compliance Officer del Despacho, subraya que “este hito da continuidad a una estrategia corporativa centrada en fortalecer las estructuras de control interno y elevar los estándares éticos del Despacho”.

El Despacho espera obtener a finales de año la ISO 37001 en Portugal, México y Colombia, resto de jurisdicciones en las que ejerce Derecho local, logrando de esta manera homogeneizar su estándar antisoborno en todos los países en los que opera, y convirtiéndose así en el primer despacho en estos países en lograr esta acreditación.

Con esta doble certificación, Pérez-Llorca reafirma su liderazgo como una de las firmas legales más avanzadas en materia de buen gobierno corporativo, mitigación del riesgo y cumplimiento normativo, elementos clave para clientes que operan en sectores altamente regulados y que demandan partners jurídicos con los máximos niveles de rigor, transparencia e integridad profesional.

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Pérez-Llorca incrementó en un 28 % sus ingresos globales proforma en 2025, lo que supone cerrar el ejercicio con una facturación de 211,3 millones de euros (250 millones de dólares, aproximadamente), cifra que consolida la senda de crecimiento de doble dígito que el Despacho viene presentado en el último lustro. Estos ingresos proforma incluyen las ventas de todo el ejercicio de 2025 tanto en España, Portugal y México, como en Colombia, nuevo mercado para la Firma.

Las ventas de la Firma en Derecho español se incrementaron hasta los 155,8 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 17 % más que en 2024. Las ventas en Derecho portugués, mexicano y colombiano registraron unas ventas proforma de 55,5 millones de euros, lo que supone el 26 % de los ingresos globales del Despacho.

El avance de la cifra de negocio refleja tanto el sólido desempeño del mercado español como la fuerte expansión del negocio internacional, que continúa ganando peso en el conjunto de la Firma.

Estos datos, pendientes del cierre de auditoría, sitúan nuevamente a Pérez-Llorca en niveles récord de ventas y consolidan su trayectoria de crecimiento sostenido. En la última década (2016-2025), Pérez-Llorca ha multiplicado por 6 sus ventas.

“El crecimiento alcanzado en 2025 ha sido el resultado de contar con una hoja de ruta muy clara en los cuatro mercados en los que operamos: asesorar a nuestros clientes en operaciones de alta complejidad, conflictos relevantes y cuestiones regulatorias, con estándares homogéneos de excelencia y con un claro foco en atraer y desarrollar al mejor talento. Nuestra ambición es y seguirá siendo crecer en todas las jurisdicciones en las que estamos presentes”, ha afirmado Pedro Pérez-Llorca, Socio Director de Pérez-Llorca.

Estrategia internacional

Para impulsar y capitalizar su crecimiento global, Pérez-Llorca puso en marcha en 2025 Scala, un proyecto interno destinado a aprovechar las oportunidades que ofrece su proceso de internacionalización y a consolidar su posición como una de las principales firmas de servicios jurídicos en Iberoamérica.

Scala no solo articula la expansión selectiva en mercados clave y la atención integral y coordinada de grandes clientes con presencia multijurisdiccional, sino que además canaliza las oportunidades internacionales del talento de Pérez-Llorca.

Como parte de este impulso, Pedro Pérez-Llorca, Socio Director del Despacho, se ha trasladado temporalmente un año a Ciudad de México con el objetivo de reforzar sobre el terreno un proyecto en crecimiento y acompañar al equipo de las Américas: Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional; Jorge Mondragón, Country Chair de México; y Mauricio Piñeros, Country Chair de Colombia.

Julio Lujambio, Socio Ejecutivo, implementa la estrategia y dirige el mercado ibérico desde España y Constanza Vergara, Socia y COO de Pérez-Llorca, coordina la gestión operativa de la Firma.

Proyecto Scala, además, contempla una reorganización del grupo de sociedades que permita capturar todas las oportunidades que se abren asegurando la estructura más adecuada.

En el marco de esta consolidación internacional, el Despacho ha anunciado recientemente la próxima apertura de una oficina en Abu Dabi, lo que le convierte en la primera firma iberoamericana con presencia física en esta ciudad. Esta nueva oficina estará dirigida por Gonçalo Capela Godinho, quien da el relevo al frente de la oficina de Portugal a Carlos Vaz de Almeida, que ejerce las funciones de Managing Partner, así como a Inês Arruda y Adolfo Mesquita Nunes, quienes son Country Co-chairs.

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Pérez-Llorca ha firmado un acuerdo de mecenazgo con el Museo Calouste Gulbenkian en Lisboa, consolidando así su apuesta por la promoción de la cultura en Portugal. El acuerdo se alinea con la misión de la Firma de vincularse a proyectos de excelencia cultural en los mercados donde está presente.

El Museo Calouste Gulbenkian custodia un acervo único de seis mil piezas — desde la Antigüedad hasta principios del siglo XX. La colección recorre civilizaciones de Oriente Medio y Extremo Oriente hasta el arte europeo, con obras maestras de autores como Rembrandt, Rubens, Monet o Degas, y el notable núcleo de René Lalique. Inaugurado en 1969, el Museo materializó el deseo de su fundador de reunir su patrimonio bajo un mismo techo, consolidándose hoy como un referente internacional en la preservación y difusión del patrimonio artístico.

La Fundación Calouste Gulbenkian manifiesta su satisfacción por acoger a esta empresa en su grupo de mecenas, destacando que “Pérez-Llorca es una institución de referencia en el mundo jurídico con un conocido trabajo en la promoción de las artes”.

El Museo Calouste Gulbenkian se encuentra actualmente cerrado por obras de modernización que abarcan la renovación de las infraestructuras, la armonización de las galerías expositivas y la optimización de los flujos de visitantes, pasando a ofrecer condiciones mejoradas de conservación y una experiencia museológica renovada y más accesible.

En el marco de este acuerdo, Pérez-Llorca y el Museo Calouste Gulbenkian desarrollarán iniciativas exclusivas dirigidas a profesionales, clientes y colaboradores de la Firma, tales como visitas guiadas y comentadas, coloquios temáticos y pequeños encuentros culturales.

“Estamos muy satisfechos con esta alianza, que refleja nuestra visión de que la abogacía de primer nivel y el arte comparten los mismos valores: el rigor, la interpretación y la construcción de un legado. Apoyar a la Gulbenkian en este momento de renovación supone invertir en el capital intelectual y cultural de Lisboa”, destaca Constanza Vergara, socia y Chief Operating Officer de Pérez-Llorca.

“Esta alianza con el Museo Calouste Gulbenkian simboliza la consolidación de nuestra apuesta por Portugal. Para Pérez-Llorca, estar presente de forma integral en un mercado implica contribuir activamente en diversas dimensiones, especialmente en el capital cultural del país. Al apoyar a una institución que es un referente mundial y un pilar de la identidad de Lisboa, reafirmamos nuestro compromiso de ser un socio estratégico en el desarrollo y proyección del ecosistema de las artes, tanto a nivel nacional como internacional“, Carlos Vaz de Almeida, Managing Partner de la oficina de Lisboa de Pérez-Llorca.

El acto de firma del protocolo ha tenido lugar en la Fundación Calouste Gulbenkian y ha contado con la presencia de António M. Feijó, presidente de la Fundación Calouste Gulbenkian; Jorge Vasconcelos, administrador de la Fundación, y Susana Prudêncio, directora adjunta de Marketing y Sistemas de Información. En representación de Pérez-Llorca, han participado Constanza Vergara, Chief Operating Officer; Carlos Vaz de Almeida, socio director de la oficina de Lisboa; así como Inés Arruda y Adolfo Mesquita Nunes, country co-chairs del Despacho en Portugal.

Este mecenazgo se suma a otras iniciativas culturales impulsadas por Pérez-Llorca, como el apoyo en España al Museo Nacional del Prado, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona o a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, reforzando el posicionamiento del Despacho como socio estratégico en el ecosistema de las artes.

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Durante la apertura del acto, Luis Enrique Fernández Pallarés puso de relieve la relevancia del absentismo vinculado a la incapacidad temporal, subrayando que “se ha convertido en uno de los principales retos estructurales del mercado laboral español, tanto por su dimensión cuantitativa como por su impacto en la organización del trabajo y en la sostenibilidad del sistema”. En este sentido, destacó la necesidad de abordar el debate desde una perspectiva técnica y rigurosa, que permita identificar con precisión las causas del incremento de los procesos de incapacidad temporal y avanzar hacia soluciones equilibradas.

A continuación, María José López Álvarez ofreció una panorámica del estado actual de la incapacidad temporal, aportando datos que permitieron contextualizar la magnitud del fenómeno, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Para López Álvarez, “el análisis del absentismo exige diferenciar adecuadamente entre situaciones de legítima protección de la salud y posibles disfunciones en la gestión del sistema”, planteando como primera cuestión las causas que han propiciado el aumento de los procesos de incapacidad temporal en los últimos años.

Igualmente, Javier Pacheco apuntó a una pluralidad de factores concurrentes. Entre ellos, destacó el propio ciclo del empleo, el deterioro general de la salud observado en la población, la transformación de las relaciones laborales derivada de la irrupción de nuevas tecnologías y la insuficiencia de recursos del Sistema Nacional de Salud. “No puede analizarse el fenómeno desde una única causa, sino como el resultado de cambios estructurales en el empleo, en la salud y en la organización del trabajo”, sostuvo Pacheco.

Por su parte, Rosa Santos, tras resaltar que “España lidera la incidencia de IT por contingencias comunes a nivel mundial”, señaló que “la escasez de profesionales sanitarios, la falta de coordinación entre administraciones y la debilidad de los mecanismos de control como principales causas a las que, como acelerador, pueden estar contribuyendo los complementos de los convenios a las prestaciones”. Según afirmó, “nos encontramos ante un fenómeno que compromete la salud de las personas trabajadoras, y está teniendo un impacto directo en la productividad y la competitividad de las empresas al tiempo que aumenta la presión financiera del INSS”. Rosa Santos cifró en 33.000 millones de euros la factura de las ITCC que pagan a partes iguales INSS y empresas españolas.

En el tramo final del debate, los moderadores invitaron a los ponentes a concretar propuestas orientadas a mitigar la situación actual, insistiendo en que “la dimensión del problema exige soluciones que combinen una gestión más eficiente de los procesos con el pleno respeto a los derechos de las personas trabajadoras”. Entre las medidas planteadas, Pacheco destacó la necesidad de desarrollar el V acuerdo por el empleo y la negociación colectiva impulsando el papel de las mutuas en procesos traumatológicos, el refuerzo de la coordinación entre el ámbito laboral y la vigilancia de la salud, y una mayor inversión en recursos sanitarios y prevención. Por su parte, Santos coincidió en la necesidad de reforzar los recursos del sistema sanitario y la coordinación, y propuso, entre otras, anticipar el control de las bajas desde el inicio de los procesos, particularmente en los casos de repetición por patologías diversas contando con la colaboración de las mutuas de estimarse necesario.

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El seminario fue inaugurado por Daniel Cifuentes, quien destacó el absentismo laboral como uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las empresas, debido a sus elevados índices. Para el socio de Pérez-Llorca, “el absentismo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las compañías, no solo por su impacto económico, sino también por sus implicaciones organizativas y de gestión de personas”. Asimismo, anunció la puesta en marcha por parte del Gobierno del Observatorio de la Incapacidad Temporal, como medida orientada a analizar y paliar esta problemática.

En materia de negociación colectiva, Cifuentes analizó la reciente propuesta de CCOO y UGT sobre el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, mientras que Yolanda Valdeolivas profundizó en sus principales novedades y en su posible impacto práctico. En este punto, los ponentes introdujeron de forma preliminar la cuestión de la igualdad retributiva por razón de género, que sería desarrollada posteriormente.

La sesión también abordó las nuevas tendencias en materia de protección del informante, destacando la creación de un canal específico en la sede electrónica de la Autoridad Independiente para la recepción de denuncias y los retos que supondrá su implementación para las empresas.

En relación con las perspectivas del mercado laboral, los ponentes hicieron referencia tanto al informe anual de la Organización Internacional del Trabajo sobre Inteligencia Artificial como a la encuesta publicada por la Cámara de Comercio de España, poniendo de relieve la transformación tecnológica y organizativa que atraviesan las compañías. En este contexto, Valdeolivas recordó que “el incremento de las cotizaciones aprobado para 2026 y el refuerzo de determinadas obligaciones administrativas configuran un escenario de mayor exigencia para las empresas”.

En el segundo bloque de la jornada, dedicado a la Crónica de Jurisprudencia, los ponentes realizaron un repaso exhaustivo de las resoluciones más relevantes del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Entre otras cuestiones, se analizaron pronunciamientos relativos a las aportaciones empresariales al Tesoro Público, los complementos de Incapacidad Temporal, la conciliación, el cambio de convenio colectivo, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, el permiso parental del artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, la libertad sindical, la privacidad de los datos salariales y diversas cuestiones vinculadas al tiempo de trabajo.

A continuación, y como ya es habitual en las sesiones de “Pérez-Llorca Laboral al Día”, Cifuentes y Valdeolivas presentaron el “Top 3” de las sentencias más relevantes de los últimos meses. En esta ocasión, la primera posición se centró en las resoluciones sobre absentismo y su impacto en el salario, destacando, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 y 16 de enero de 2026, que consideran discriminatorio excluir los periodos de Incapacidad Temporal del devengo de pluses de asistencia o de la retribución variable, frente a pronunciamientos de la Audiencia Nacional, como la Sentencia dictada el 6 de octubre de 2025, que avalan el prorrateo proporcional del incentivo cuando no se penaliza indebidamente la situación de baja.

En la última parte de la jornada, los ponentes abordaron los aspectos clave de la Directiva 2023/970, que refuerza las obligaciones de transparencia retributiva. Según explicó Valdeolivas, esta norma no sustituye el régimen ya existente en España, sino que añade nuevas obligaciones orientadas a fortalecer la cultura de la transparencia. En este sentido, la Of counsel del Despacho sostuvo que “la Directiva introduce un cambio de paradigma al ampliar el derecho de información, que deja de centrarse exclusivamente en la representación legal de los trabajadores para proyectarse también sobre la persona trabajadora a nivel individual”. Asimismo, advirtió de que, dada la precisión de sus mandatos, determinadas disposiciones podrían ser susceptibles de aplicación directa si no fueran correctamente transpuestas antes del 7 de junio de 2026.

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El seminario fue inaugurado por Manel Hernàndez, quien expuso los últimos y más significativos pronunciamientos judiciales, el impacto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible en el ámbito laboral y un repaso a la doctrina jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. En este sentido, Hernàndez destacó que “las empresas se enfrentan a un inicio de año especialmente intenso desde el punto de vista normativo, con cambios relevantes que requieren una planificación anticipada y un enfoque estratégico”.

A continuación, Yolanda Valdeolivas abordó las principales novedades normativas del inicio del año. En este contexto, destacó el decaimiento del Real Decreto-ley 16/2025, con la consiguiente ausencia de actualización automática de materias como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las bases de cotización. No obstante, señaló que el Gobierno ha anunciado un acuerdo con los agentes sociales para incrementar el SMI un 3,1%, hasta los 1.221 euros, incremento que se prevé aprobar próximamente mediante Real Decreto.

Asimismo, Valdeolivas avanzó los cambios anunciados en materia de Seguridad Social, entre ellos el aumento de la base máxima de cotización hasta los 5.101,20 euros, el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta el 0,90%, así como la aplicación progresiva de la Cotización Adicional de Solidaridad sobre los salarios que superen dicha base máxima. “Nos encontramos ante un escenario de incremento sostenido de los costes laborales que obliga a las empresas a revisar sus políticas retributivas y de cotización”, señaló la Of Counsel de Pérez-Llorca.

Uno de los bloques centrales de su intervención fue el análisis de la Directiva de Transparencia Salarial, cuyo plazo de transposición finaliza el 7 de junio de 2026. Tal y como explicó Valdeolivas, esta normativa reforzará el principio de igual retribución para trabajos de igual valor e impondrá a las empresas nuevas obligaciones en materia de transparencia retributiva, tanto en la fase previa a la contratación como en el ámbito interno y en el derecho de información de las personas trabajadoras. En este sentido, subrayó que “el foco no está tanto en la existencia de diferencias salariales, sino en que estas puedan justificarse por razones objetivas y no discriminatorias”.

Por su parte, Manel Hernàndez centró su intervención en la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el Ministerio de Transportes, y en sus implicaciones laborales. Según señaló, la norma introduce la obligación para determinadas empresas de contar con un Plan de Movilidad Sostenible, que deberá estar operativo a partir del 5 de diciembre de 2027 y negociarse con la representación legal de las personas trabajadoras. En palabras de Hernàndez, “la movilidad deja de ser una cuestión puramente logística para convertirse en una responsabilidad empresarial con impacto directo en la organización del trabajo”.

Estos planes, que afectarán a empresas con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras -o 100 por turno-, deberán contemplar medidas orientadas a fomentar una movilidad más eficiente y sostenible, incluyendo la movilidad activa, el transporte público concertado, la movilidad compartida o el uso de vehículos de menor impacto ambiental, así como la posibilidad de implementar el teletrabajo como herramienta para reducir desplazamientos.

Por último, y como ya es habitual en las sesiones de ‘Pérez-Llorca Laboral al Día’, Marc París presentó el “Top 3” de las sentencias más relevantes de los últimos meses. La primera posición fue para la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2025, que establece que, en los despidos por ineptitud sobrevenida, corresponde a la empresa acreditar que ha intentado adaptar el puesto de trabajo o recolocar a la persona trabajadora, o que tales ajustes suponen una carga excesiva. En este contexto, París señaló que “el Tribunal Supremo exige a las empresas un esfuerzo probatorio especialmente riguroso antes de acudir a la extinción del contrato”.

La sesión concluyó con un turno de preguntas y debate, en el que los asistentes mostraron un especial interés por el impacto práctico de la Directiva de Transparencia Salarial y los retos que su transposición planteará a las organizaciones en los próximos meses.

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Pérez-Llorca ha anunciado hoy la incorporación de Adal Salamanca como nuevo socio de Fiscal en su oficina de Madrid para reforzar esta práctica, en concreto el área de fiscalidad contenciosa y procedimental.

Salamanca cuenta con una sólida trayectoria en el asesoramiento fiscal a empresas, con especial foco en la práctica contencioso-tributaria y en la defensa de los contribuyentes ante procedimientos de comprobación, inspección y sanción, así como en las diferentes vías de recurso previstas tanto en la legislación nacional como comunitaria. A lo largo de su carrera, ha prestado asesoramiento en asuntos de alta complejidad, en coordinación con equipos multidisciplinares y con un enfoque integral orientado a las necesidades del cliente. En este ámbito, ha dirigido procedimientos tributarios en todas sus fases y vías de recurso, tanto en sede administrativa como en la jurisdicción contencioso-administrativa y ante instancias y organismos comunitarios. Asimismo, cuenta con amplia experiencia asesorando a fondos de inversión y de pensiones europeos y de terceros Estados en la recuperación de impuestos en España derivados de sus inversiones.

Con esta incorporación, Salamanca se une al equipo de Fiscal de Pérez-Llorca y trabajará de manera coordinada con el resto de oficinas del Despacho. Su incorporación se suma al refuerzo de esta práctica, tras la promoción interna anunciada el pasado mes de diciembre de 12 socios y 5 counsels, entre los que se encuentran Antonio Ruiz y Yi Zhou, nombrados nuevos socios de Fiscal.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Adal Salamanca cuenta con un Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros y con diversos programas y diplomas en escuelas de negocios como IESE e IE. Además, Salamanca es profesor en distintas universidades donde imparte docencia en materias relacionadas con el procedimiento tributario y los delitos contra la Hacienda Pública.

En palabras de Clara Jiménez, socia responsable del área de Fiscal de Pérez-Llorca: “La incorporación de Adal se enmarca en la estrategia de crecimiento y fortalecimiento del área Fiscal y, en concreto, del área procedimental y de litigio tributario en la que tenemos ya una posición muy consolidada. Adal viene a desarrollar el área de contenciosos de fondos y, en general, entidades extranjeras con presencia en España, respecto de la que consideramos oportuno una clara especialización como la que tiene Adal. En el actual contexto de revisión, o inclusive cuestionamiento de algunos paradigmas de fiscalidad internacional, creemos imprescindible contar con un equipo que se dedique exclusivamente a esta área en su vertiente contenciosa”.

Para Julio Lujambio, socio ejecutivo de Pérez-Llorca, “el área de Fiscal es una de las prácticas estratégicas del Despacho y desempeña un papel clave en el asesoramiento integral que ofrecemos a nuestros clientes. En un entorno marcado por una creciente complejidad normativa, contar con un equipo sólido y altamente especializado resulta esencial. La incorporación de Adal refuerza esta apuesta y confirma la relevancia que el área de Fiscal tiene dentro de nuestro proyecto”.

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