Con el depósito formal del instrumento de ratificación el 25 de diciembre de 2024, el Estado colombiano asumió el compromiso de fortalecer la democracia ambiental y de implementar estándares vinculantes en materia de derechos humanos ambientales.
En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y la participación de una Mesa Técnica Interinstitucional, elaboró el primer borrador de la hoja de ruta con las acciones prioritarias para la implementación de los artículos 3 al 10 del Acuerdo de Escazú.
El documento presenta una propuesta de acciones prioritarias que, con base en los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, acceso equitativo y oportuno a la información ambiental, participación pública incidente, rendición de cuentas, prevención del daño y justicia intergeneracional, contribuya a garantizar la justicia ambiental y fortalecer la democracia ambiental en el país.
El 19 de enero de 2026, el MADS anunció la apertura de la consulta pública para la definición de dicha hoja de ruta, con el fin de recibir comentarios, observaciones y aportes de la ciudadanía, en consonancia con el carácter participativo del Acuerdo de Escazú.
Entre las acciones prioritarias de la hoja de ruta se destacan, entre otras, el desarrollo de medidas orientadas a prevenir daños ambientales graves e irreversibles, mediante la incorporación de principios de igualdad, no discriminación, prevención y justicia distributiva en el ordenamiento y la planificación territorial, así como a fortalecer la transparencia sobre las operaciones de actores privados, a través del impulso de instrumentos de debida diligencia empresarial en derechos humanos ambientales.
Esta propuesta busca evitar retrocesos en los estándares de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, reforzando los mecanismos existentes y los entornos de protección para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, e incorporar de manera más robusta el enfoque de derechos humanos en el licenciamiento ambiental, especialmente en lo relacionado con el acceso a la información y la participación ciudadana.
De igual forma, se plantea la consolidación de una Comisión Intersectorial para la implementación del Acuerdo de Escazú, con procedimientos claros de participación ciudadana, el fortalecimiento de los sistemas de información ambiental, en particular del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) y de la información sobre contaminantes y pasivos ambientales, y la adopción de mecanismos de participación previa, amplia, deliberada, consciente, responsable y eficaz, conforme a los estándares del Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia constitucional.
Finalmente, la hoja de ruta contempla acciones para mejorar la ejecución y el cumplimiento de las decisiones judiciales y administrativas en materia ambiental, así como para fortalecer la cooperación regional, con énfasis en el intercambio de buenas prácticas ambientales.
Este proceso de consulta pública para la definición de la hoja de ruta resulta relevante para los desarrolladores de proyectos e inversionistas, en la medida en que anticipa un mayor énfasis en obligaciones de transparencia, participación temprana, enfoque de derechos humanos ambientales y acceso a la información en los procesos de planificación, licenciamiento y gestión ambiental.
Los comentarios, observaciones y sugerencias a la hoja de ruta podrán remitirse hasta el 19 de febrero de 2026 a través del siguiente enlace.