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La reforma contempla diversas modificaciones orientadas a hacer más eficientes los procedimientos contencioso-administrativos. Entre los principales cambios, destaca el impulso a la justicia digital mediante la presentación electrónica de promociones y notificaciones, así como el incremento de la cuantía para la procedencia de la vía sumaria a asuntos cuyo importe no exceda de 15 veces el valor anual de la UMA, incluyendo resoluciones fiscales simples y devoluciones de contribuciones. Asimismo, se establecen nuevos plazos procesales, como seis meses para la resolución de juicios en vía sumaria, quince días para incidentes y cinco días como plazo general, y se amplía la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de impugnaciones contra resoluciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Adicionalmente, se regula la procedencia de indemnizaciones por falta grave de la autoridad fiscal en ciertos supuestos. La reforma será analizada por la Cámara de Senadores como parte del proceso legislativo correspondiente.
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