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La Directiva es el resultado de un prolongado proceso legislativo. La Comisión Europea publicó su propuesta el 7 de diciembre de 2022 y, tras un extenso período de negociaciones, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional el 29 de noviembre de 2025. Dicho acuerdo ha conducido a la adopción del texto definitivo el 30 de marzo de 2026.
Desde una perspectiva sustantiva, la Directiva responde a la necesidad de reducir la inseguridad jurídica y la imprevisibilidad que generan las divergencias entre los ordenamientos nacionales en materia de insolvencia,
las cuales repercuten negativamente en el atractivo de las inversiones transfronterizas en el mercado interior.
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