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La reforma, que da cumplimiento a la reforma constitucional al artículo 123 publicada el 3 de marzo de 2026, establece una reducción gradual de la jornada semanal —de cuarenta y ocho horas en 2026 a cuarenta horas en 2030— sin disminución de sueldos, salarios o prestaciones.
Asimismo, introduce un nuevo régimen de horas extraordinarias de alto impacto operativo con dos bloques de pago diferenciados y un límite diario absoluto de doce horas (ordinarias y extraordinarias), permite la distribución flexible de la jornada de común acuerdo entre empleador y trabajador, y obliga a los empleadores a implementar un sistema de registro electrónico de jornada a partir del 1 de enero de 2027. Las empresas deberán revisar sus contratos individuales de trabajo, actualizar sus reglamentos interiores, adecuar sus sistemas de nómina y, en su caso, negociar con sus sindicatos la distribución del tiempo de trabajo conforme al calendario de transición.
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