El pasado 4 de junio de 2026, la Comisión Europea remitió a España -junto a Francia y Austria- un dictamen motivado por no haber comunicado las medidas de transposición completa de la Directiva (UE) 2024/1226, que obliga a tipificar como delito la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión. El plazo para responder es de dos meses; de no hacerlo, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir sanciones financieras.
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