El 19 de septiembre de 2026, la Gobernación de Antioquia radicó ante la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza para financiar, mediante el cobro de valorización, seis corredores viales en las subregiones de Oriente, Occidente, Norte, Nordeste, Suroeste y Urabá antioqueño. El objetivo es conectar estas zonas entre sí y con las autopistas de cuarta generación, sin depender del paso por Medellín o el Valle de Aburrá. Dos de los proyectos son alianzas público-privadas de iniciativa pública, las cuales son la vía El Santuario–Providencia, que conecta el Oriente con el Nordeste y el corredor La Ceja–La Pintada, que une el Oriente con el Suroeste, con un costo de construcción conjunto cercano a los 4 billones de pesos, de los cuales cerca de 2 billones se buscarían recaudar por valorización.
Los otros cuatro son corredores de impacto regional, siendo la ampliación a doble calzada de El Carmen de Viboral–Canadá–La Unión en el Oriente, la vía San Jerónimo–San Pedro de los Milagros en el Norte, un circuito en Urabá que conecta el puerto con el aeropuerto internacional y el corredor Jericó–Andes en el Suroeste, con una inversión conjunta de alrededor de 800.000 millones de pesos. Según el Secretario de Infraestructura de la Gobernación, Sebastián Castaño, en el circuito de Urabá el mayor valor generado a la tierra por la obra podría llegar a $800.000 millones de pesos frente a un costo de obra de $390.000 millones, y de aprobarse el trámite en la Asamblea, la distribución del cobro a los predios beneficiados podría iniciar en enero de 2027.
En paralelo, la Gobernación adelanta desde 2024 la actualización del catastro multipropósito en el departamento, un proceso que a mediados de 2026 ya había cubierto 39 municipios y el reajustado automáticamente los avalúos en 52 municipios rurales y 44 urbanos, con una inversión que pasó de 175.000 a 225.000 millones de pesos. En la subregión de Oriente, municipios como La Unión, Guatapé, San Carlos, San Rafael y Cocorná ya entraron en el proceso durante 2025, mientras que para 2026 se proyectó incorporar a Guarne, La Ceja, El Santuario, Sonsón, Alejandría y Puerto Berrío, entre otros. En el Suroeste avanza en Amagá, Betania, La Pintada y Urrao, y en Urabá está prevista la actualización de Carepa, Apartadó y Necoclí, en total el programa ha incorporado 120.088 predios que no figuraban en los catastros municipales y registra información sobre 1.237.416 predios y avalúos que alcanzan los 141 billones de pesos en todo el departamento.
Ahora bien, esta actualización catastral y los nuevos corredores viales se enmarcan dentro de un reparto constitucional de competencias entre los distintos niveles de gobierno: los departamentos y municipios gozan de autonomía para gobernarse y administrar sus recursos dentro de los límites de la ley, a los departamentos les corresponde planificar y promover el desarrollo de su territorio, y a las asambleas expedir por ordenanza las disposiciones sobre obras públicas, vías y sociedades de economía mixta. Sin embargo, el ordenamiento físico del suelo sigue siendo esencialmente municipal, por lo que un proyecto departamental como los corredores viales de valorización debe articularse con el Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio que atraviesa.
Para quienes consideran invertir en el Oriente, el Suroeste o Urabá, conviene confirmar la clasificación vigente del predio y si el POT municipal está en proceso de revisión para incorporar los nuevos corredores. En suelo de expansión urbana, el desarrollo normalmente requiere un plan parcial que fije aprovechamientos y reparto de cargas y beneficios, sin poder contradecir el POT. Los predios ubicados en el área de influencia de las obras de valorización como los que rodean el circuito de Urabá o el corredor Jericó–Andes, deben además anticipar el cobro de la contribución, que la Gobernación calcula sobre el mayor valor que la obra genera a la tierra, así como la eventual participación en plusvalía prevista en la Ley 388 de 1997 cuando la obra sea de competencia municipal.
En proyectos de infraestructura de la escala de las alianzas público-privadas El Santuario–Providencia o La Ceja–La Pintada, valoradas en conjunto en cerca de 4 billones de pesos, es habitual estructurar vehículos societarios dedicados para aislar el riesgo del proyecto, canalizar la inversión privada y ordenar la relación contractual con la Gobernación. Las asambleas departamentales, además, pueden autorizar la formación de sociedades de economía mixta, mecanismo que Antioquia ya ha utilizado en proyectos de infraestructura de gran envergadura y que resulta relevante para quienes negocien esquemas de participación conjunta con el sector público en estas subregiones.
En síntesis, quienes evalúen invertir en Urabá, Oriente o Suroeste enfrentan un escenario donde confluyen varias capas normativas y técnicas: el estado del POT municipal, la eventual ubicación del predio en el área de influencia de alguno de los seis corredores viales sujetos a valorización, el avance de la actualización catastral multipropósito en el municipio correspondiente y la elección del vehículo societario más adecuado según el riesgo y los inversionistas involucrados. Entender cómo interactúan estos factores en cada municipio y para cada proyecto es clave para tomar decisiones informadas y anticipar contingencias. Este boletín ofrece un panorama general y no constituye una opinión legal sobre un proyecto o predio específico; en la Firma acompañamos a nuestros clientes en el análisis de estos escenarios y quedamos a disposición para revisar cada caso particular.