Sanciones internacionales y derecho penal español: un examen del anteproyecto de transposición de la Directiva (UE) 2024/1226

Se examinan su encaje en el Derecho penal español, la técnica legislativa empleada y el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas. El estudio incluye además una reflexión sobre los principales desafíos interpretativos y prácticos que plantea el nuevo marco penal tanto para operadores jurídicos como para entidades del sector privado.

I. Introducción

La aprobación de la Directiva (UE) 2024/1226 (LA LEY 9373/2024) (en adelante, la «Directiva») ha supuesto la incorporación de un nuevo ámbito al catálogo de materias susceptibles de armonización penal con arreglo al artículo 83.1, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957) («TFUE»): la vulneración de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión en el marco de su política exterior y de seguridad común («PESC»). El objetivo declarado de esta iniciativa consiste en reforzar la eficacia de dichas medidas mediante la previsión, en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, de sanciones penales que actúen como elemento disuasorio frente a su incumplimiento.

El plazo para la transposición de la Directiva expiró el 20 de mayo de 2025. Aunque España ha avanzado en este proceso, su contenido aún no ha sido incorporado al ordenamiento interno. En concreto, el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal (en adelante, el «APLO») se encuentra en fase de tramitación prelegislativa. El texto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 25 de marzo de 2025 y sometido a trámite de audiencia e información pública hasta el 9 de abril. Desde entonces, se han emitido varios informes preceptivos y facultativos, entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial, fechado el 7 de mayo. El siguiente hito será la aprobación del texto definitivo por el Consejo de Ministros, lo que permitirá su remisión a las Cortes Generales como proyecto de ley orgánica e iniciará formalmente su tramitación parlamentaria.

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