Esta ley busca evitar la destinación de recursos públicos de forma indebida para el favorecimiento de quienes participan en la contienda electoral y de esta forma garantizar la igualdad y transparencia en el desarrollo de las campañas y elecciones de los diferentes cargos de elección popular.
Además de las reglas relacionadas con la financiación estatal y particular de las campañas, las limitaciones en gastos de publicidad, el uso de bienes públicos y la participación de servidores en eventos de carácter proselitista, entre otras, esta ley prevé dos grandes grupos de limitaciones, uno referido a todas las elecciones y otro específico para la elección presidencial.
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