El 18 de marzo de 2026 ocurrió un hecho en El Salvador que nos obliga a reflexionar sobre el rumbo de la justicia en nuestro continente. Ese día se aprobó una reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua, una iniciativa impulsada por el gobierno de Nayib Bukele y ratificada por una Asamblea Legislativa donde el oficialismo, con una votación de 59 de los 60 diputados, impuso su voluntad. (Lea La democracia en papel: justicia frágil en El Salvador)
Más allá de lo impactante de la noticia, este evento despierta una inquietud que se observa de manera recurrente en nuestra región: el auge del populismo punitivo que prefiere el castigo eterno por encima de cualquier intento de rehabilitación. Como abogada, penalista y defensora, no puedo evitar preguntarme si, al validar este tipo de medidas, estaremos admitiendo que como sociedad hemos fracasado en la misión de resocializar.
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