Medellín, 20 de febrero de 2025
El aguardiente, una de las bebidas más representativas no solo de Medellín, sino también de Colombia, ha sido protagonista de una reciente disputa entre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Industria Licorera de Caldas (ILC).
Esta controversia inicio cuando la FLA realizó el lanzamiento de su nuevo producto, el Aguardiente Real de color amarillo, lo cual fue considerado por la ILC como una imitación a su producto Aguardiente Amarillo de Manzanares, el cual, no solo cuenta con un alto reconocimiento en el mercado, sino que también se ha solidificado como un producto de alta calidad y estándares. Con base en las similitudes entre ambos productos, la ILC presentó demanda por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando el retiro del Aguardiente Real.
Fue así como después de agotadas las instancias correspondientes y de que la SIC decretara medida cautelar retirando el Aguardiente Real del marcado, la FLA sacó una nueva edición de su aguardiente amarillo con una botella curveada, con cambios en su tipográfica y con color negro, buscando otorgar distintividad suficiente a su marca, empaque y producto, con la finalidad de lograr coexistir en el mercado con el Aguardiente Amarillo de Manzanares.[1]
Esta disputa cobra especial relevancia en un contexto de transformación en la industria licorera del país, ya que la Corte Constitucional recientemente declaró inconstitucional la facultad de los departamentos para restringir la expedición de permisos de introducción de aguardiente en sus territorios.[2]
Al confirmar que dicha medida, además de ser ineficaz, contravenía los principios de la economía social establecidos en la Constitución, la Corte puso fin al monopolio departamental en la comercialización del aguardiente, permitiendo así una mayor competencia y libre distribución del producto a nivel nacional.
Todo lo anterior, al estar encaminado a que diferentes marcas de aguardiente altamente posicionadas puedan ser comercializadas y distribuidas de forma libre en el territorio nacional, también pone en evidencia la necesidad de proteger los activos intangibles de cada empresa. En este contexto, la propiedad intelectual se convierte en un pilar fundamental para garantizar que la apertura del mercado no comprometa la identidad y el valor de las marcas. La disputa entre la ILC y la FLA demuestra cómo la diferenciación de marca, el reconocimiento del producto y el diseño de empaque son esenciales para resguardar la identidad comercial y evitar la apropiación indebida de la reputación ajena.
En este nuevo escenario, la propiedad intelectual no solo protege el esfuerzo y la inversión de las empresas en la construcción de su identidad, sino que también fomenta una competencia justa, asegurando que la innovación y la reputación sean los verdaderos diferenciadores en un mercado cada vez más abierto y exigente.