Autor(a): Mariana Esquivia
La referida Business Judgment Rule es una regla de revisión judicial desarrollada por la Corte Suprema de Justicia del Estado de Delaware, cuyo propósito es proteger a los directores y oficiales de las empresas de responsabilidad personal por errores de juicio cometidos de buena fe en el desempeño de sus funciones, y reconocer que los jueces no son expertos en negocios para evaluar transacciones comerciales complejas. Bajo esta regla, se presume que los directores actúan con lealtad, buena fe y diligencia. Sin embargo, dicha presunción puede ser refutada si hay evidencia de fraude, conflicto de interés, o incumplimiento del deber de cuidado o lealtad.
En Estados Unidos, la regla cuenta con una extensa trayectoria jurisprudencial, mientras que en Colombia, la Superintendencia de Sociedades reconoció por primera vez su aplicación en 2013, en un fallo que marcó el inicio de su recepción jurisprudencial, posteriormente reforzada por la Corte Suprema de Justicia en 2021.
Con el tiempo, esta línea llevó a su desarrollo normativo en el Decreto 046 de 2024. Según ese marco, las autoridades deben respetar el juicio de los administradores cuando sus decisiones se tomen de buena fe, con información suficiente y en el interés de la sociedad. No obstante, esta protección desaparece cuando el administrador actúa de mala fe, excede sus funciones, incumple la ley o vulnera sus deberes de lealtad o diligencia.
A diferencia del modelo estadounidense, que se basa en la práctica de los tribunales y en la presunción de que los administradores actúan correctamente, el derecho societario colombiano incorpora esa misma deferencia dentro del marco legal, a través del estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley 222 de 1995. Este enfoque no elimina la presunción de culpa del artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, pero introduce un matiz: aun cuando se presume la culpa de los administradores en los casos de incumplimiento, extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se entiende que la conducta del administrador se ajustó al parámetro del buen hombre de negocios, salvo que se acredite, precisamente, una infracción a sus deberes en los términos mencionados.
Aunque ambos sistemas comparten la misma lógica, esto es, proteger el criterio empresarial y reconocer un margen razonable de discrecionalidad en la toma de decisiones de los administradores, la diferencia radica en la forma en que este principio se estructura. En Estados Unidos, la Business Judgment Rule surge de la práctica judicial, como un principio bajo el cual los jueces se abstienen de revisar o reevaluar el criterio de gestión de los directores en asuntos propios del negocio. En Colombia, por su parte, no se concibe como una regla dirigida a los jueces, sino como un estándar aplicable a la conducta de los administradores.
En últimas, la inclusión de la Deferencia al Criterio de Discrecionalidad refleja un cambio profundo en la concepción de la responsabilidad de los administradores en el país. Más que una defensa frente a eventuales reclamaciones reconoce que lo relevante es el proceso que antecede a cada decisión. Su incorporación al sistema promueve las decisiones informadas y prudentes, pero también protege el ejercicio legítimo del criterio profesional.
De este modo, la adopción de la Business Judgment Rule dentro del derecho societario colombiano consolida el equilibrio esencial de que los administradores deben responder por cómo deciden, no necesariamente por los resultados de sus decisiones. Esta distinción, que pone el foco en la diligencia y la buena fe, contribuye a fortalecer la confianza y la solidez de la gestión empresarial en Colombia.