Medidas tributarias derivadas del Estado de Emergencia

Entre las medidas propuestas, están:

Impuestos directos.

1. Impuesto al patrimonio (IAP).

• Hecho Generador: Con carácter temporal para el año gravable 2026, se modifica el artículo 294-3 del Estatuto Tributario, adicionando un inciso segundo en el cual se establece que el hecho generador del IAP será la posesión de un patrimonio líquido a 1 de enero de 2026 igual o superior a 40.000 UVT (equivalente a COP$2.094.960.000, UVT 2026).

Esta modificación reduce significativamente el umbral vigente, que se sitúa en 72.000 UVT (COP$3.770.928.000 con UVT de 2026).

• Tarifa: Se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 296-3 del Estatuto Tributario, el cual establecerá las tarifas del impuesto al patrimonio aplicables, de manera exclusiva y transitoria, por el año gravable 2026.

La nueva tarifa se determinará con base en los siguientes rangos:

Nota. El Gobierno Nacional se abstuvo de establecer el IAP para personas jurídicas bajo esta Emergencia Económica.

2. Sobretasa del impuesto sobre la renta en el sector financiero.

Se establece una sobretasa al sector financiero, aplicable por el año 2026, y consistente en que instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores (cf., sujetos pasivos del impuesto sobre la renta establecidos en el parágrafo 2 del artículo 240 del Estatuto Tributario) deberán liquidar 15 puntos adicionales al impuesto sobre la renta, lo que implica una tarifa total del 50%.

Los 15 puntos adicionales estarán sujetas a un anticipo del 100% del valor, calculado sobre la base del impuesto de renta determinado en el año inmediatamente anterior.

3. No deducibilidad de las regalías.

El Decreto establece que, únicamente para el año gravable 2026, la contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no constituye costo ni deducción para los contribuyentes obligados a su pago, sin importar si se cancela en dinero o en especie.

El Decreto fija un método técnico que cuantifica el monto no deducible equivalente al costo total de producción asociado a la porción de producción pagada como regalía. En términos prácticos, se determina un costo unitario anual dividiendo el costo total anual de producción del recurso entre el volumen total anual producido, y luego se multiplica por el volumen efectivamente pagado a título de regalía.

Dentro del costo total anual se incluyen, entre otros, los costos propios de extracción, recolección, tratamiento y almacenamiento. El resultado de ese cálculo define el valor a no deducir en el impuesto sobre la renta del año 2026.

El Decreto prevé una excepción para permitir la deducción del costo asociado a la regalía, en que deben concurrir las siguientes dos condiciones: (i) Que al restar el costo asociado a la regalía el contribuyente genere pérdida fiscal; y (ii) si dicho costo fuese rechazado, resulte una renta líquida gravable positiva.

4. Impuesto complementario de normalización tributaria.

El Decreto crea, por el año gravable 2026, el impuesto complementario de normalización tributaria a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus regímenes sustitutivos que posean activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2026.

• Hecho generador: La posesión de esos activos o pasivos en dicha fecha. Para estos efectos, se entienden como activos omitidos los no incluidos en declaraciones de impuestos nacionales existiendo obligación legal de hacerlo, o aquellos subvalorados; la obligación recae en quien tenga el aprovechamiento económico, potencial o real, de los activos. Son pasivos inexistentes los reportados sin soporte válido de realidad o validez con el fin de disminuir la carga tributaria.
• Base gravable: El Decreto fija las siguientes bases gravables:

1. Para activos omitidos, es el costo fiscal al 1 de enero de 2026 determinado con las reglas del Estatuto Tributario o el autoavalúo comercial con soporte técnico, que no puede ser inferior a ese costo fiscal; esa base se considera precio de adquisición para determinar el costo fiscal futuro.
2. Para pasivos inexistentes, la base es su valor fiscal según el Estatuto Tributario o el valor reportado en la última declaración de renta.
3. Las estructuras creadas para transferir activos omitidos a entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores al de los activos subyacentes no serán reconocidas y la base se calculará sobre el costo fiscal de los subyacentes.
4. Para fundaciones de interés privado del exterior, trusts, seguros con componente de ahorro material, fondos u otros negocios fiduciarios del exterior se aplica transparencia fiscal, se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia y, cuando los beneficiarios estén condicionados o no tengan control o disposición, el declarante es el fundador, constituyente u originario; si este ha fallecido, declara la sucesión ilíquida, sin reconocer sociedades intermedias para fines fiscales.

• Tarifa: 19%.
• Declaración: Debe declararse, liquidarse y pagarse en una declaración independiente a más tardar el 31 de julio de 2026, sin posibilidad de presentación extemporánea ni de corrección después del vencimiento

Adicionalmente, el Decreto establece las siguientes reglas especiales en la determinación del impuesto: (i) los activos normalizados deben incluirse para efectos patrimoniales en todas las declaraciones subsiguientes; (ii) el incremento patrimonial derivado de la normalización no da lugar a determinación de renta gravable por comparación patrimonial ni genera renta líquida por activos omitidos o subvalorados o pasivos inexistentes, ni en el año de la normalización ni en los años anteriores; (iii) la inclusión no genera sanciones en renta, regímenes sustitutivos, IVA, precios de transferencia, información exógena, declaración anual de activos en el exterior ni impuesto al patrimonio, y tampoco genera acción penal por la omisión de activos o pasivos inexistentes cubiertos por el impuesto; (iv) cuando exista obligación de registro de inversión de capital en el exterior, el registro extemporáneo de la inversión objeto de normalización no genera infracción cambiaria si se identifica la declaración de normalización ante el Banco de la República; y (v) la normalización no implica legalizar activos de origen ilícito ni impide la persecución fiscal o penal si se demuestra ese origen.

En materia procedimental, el impuesto se somete a las reglas de declaración, pago, administración y control previstas para el impuesto al patrimonio que sean compatibles con su naturaleza. La administración tributaria puede desconocer operaciones u operaciones en serie cuyo propósito sea eludir la aplicación de estas disposiciones, conforme al régimen general antiabuso. Como disposición complementaria, cuando existan activos, distintos de inventarios, declarados por debajo del valor de mercado, es posible actualizar su valor incluyendo la diferencia como parte de la base gravable del impuesto de normalización

Impuestos indirectos.

1. Impuesto sobre las ventas (“IVA”) en juegos de suerte de azar.

El Decreto mantiene el IVA en los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior, que había sido decretado bajo las medidas tributarias en la Conmoción Interior en la región del Catatumbo al inicio del año 2025.

El Decreto modifica el hecho generador incluido previamente en el Decreto 175 de 2025 (el depósito de dinero, entendido como el pago o transferencia de dinero o criptoactivos realizado por el apostador del juego, para ser abonado en la cuenta de usuario y obtener el derecho a apostar) y establece que este corresponderá a la operación de dichos juegos en el territorio nacional. El impuesto estará a cargo del operador.

El Decreto modifica la base gravable del Decreto 175: esta corresponderá a los ingresos brutos del juego, entendidos como el total de las apuestas menos los premios pagados en el bimestre correspondiente.

No se incluye la norma mediante la cual la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos EICE) estaría facultada para ordenar directamente a los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) el bloqueo de canales, páginas web o medios relacionados con la explotación, operación, venta, pago, publicidad o comercialización de Juegos de Suerte y Azar no autorizados.

Así mismo, no se establece la reglamentación por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) orientada a facilitar accesos o canales directos de comunicación entre Coljuegos EICE y los ISP para la identificación y reporte de dichos medios.

2. Impuesto sobre las ventas (“IVA”) en tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida.

El Decreto establece que por el año 2026 la exclusión establecida por el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario será aplicable únicamente respecto de importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, si el valor no excede USD$50. Actualmente la exclusión es aplicable si el valor no excede USD$200.

3. Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Para el año 2026, se modifica la tarifa aplicable de la siguiente forma:

• Para el componente especifico: la tarifa por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de $750 pesos (antes $220 pesos).
• Para el componente ad valorem será del 30% (antes 25%) sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación, certificado por el DANE.

Estas tarifas también son aplicables, por el año 2026, en aquellos departamentos que ejerzan el monopolio de licores destilados.

Se establece que los ingresos adicionales generados en 2026 por el aumento del impuesto al consumo de licores y similares serán determinados por las Secretarías de Hacienda departamentales y se calcularán restando del total recaudado por ese concepto en cada mes de 2026 (minuendo), el total de ingresos recaudados por ese concepto en cada mes del año 2025, actualizado con la variación del índice de Precios al Consumidor causada en 2025 (actualizado con el IPC). El resultado (sustraendo), corresponderá a los departamentos y mantendrá la destinación prevista en la Ley 788 de 2002.

4. Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.

• Hecho generador y definiciones: Por el año gravable 2026, se añade un parágrafo al hecho generador del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado (Ley 223 de 1995), incluyendo como productos sobre los que se genera el impuesto: Los derivados, sucedáneos o imitadores. Se excluye expresamente del impuesto al consumo de tabaco, al chicote de producción artesanal.

Se entenderá por tabaco elaborado, aquel producto terminado apto para consumo humano que se obtiene a partir del procesamiento de la hoja de tabaco o de materias primas derivadas de la misma, incluyendo los Productos de Tabaco Calentado (PTC). Se excluye de la definición de tabaco elaborado a aquellos productos obtenidos a partir del procesamiento de la hoja de tabaco, utilizados como materia prima para la fabricación o manufactura de productos gravados con el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.

Se entenderá por derivados, sucedáneos o imitadores, los aerosoles y otros dispositivos que contienen nicotina y/o productos químicos; Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN); Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN); dispositivos electrónicos y los productos con nicotina (SEAN) o sin nicotina (SSSN) que generan un aerosol disuelto en sustancias líquidas, mediante el calentamiento de una solución, y los vapeadores.

• Sujetos pasivos: son sujetos pasivos los productores, los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. Además, son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden.
• Base gravable: dependiendo del producto sobre el cual recae el impuesto, la base gravable está constituida de la siguiente forma:
• Para los cigarrillos y tabaco elaborado: Por un componente específico correspondiente a cada cajetilla de 20 cigarrillos, o por cada gramo de picadura, rapé o chimú; y un componente ad valorem correspondiente al precio de venta al público, sin incluir IVA ni impuesto al consumo, certificado por el DANE.
• Para los derivados, sucedáneos o imitadores: Por un componente específico correspondiente al número de mililitros del producto. Por un componente ad valorem correspondiente al precio de venta al público, sin incluir IVA ni impuesto al consumo, certificado por el DANE.

El DANE deberá desarrollar todas las gestiones indispensables para determinar el precio de venta al público de los productos y certificar la base gravable para cada producto en específico, para lo cual podrá solicitar a personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el territorio nacional los datos necesarios para determinar el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto al consumo. El DANE deberá determinar la base gravable aplicable a cada producto.

Tarifas: para el año gravable 2026, las tarifas según el producto serán las siguientes:

• Para los cigarrillos, tabacos, cigarros, cigarritos y productos de tabaco calentado (PTC) son las siguientes
• Por un componente específico $11.200 por cada cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido. La tarifa por cada gramo de picadura, rapé o chimú será de $891.
• Por un componente ad valorem que se liquidará aplicando una tarifa del 10% sobre el precio de venta al público certificado por el DANE. Este componente ad valorem será liquidado y pagado por cada cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido, por los responsables del impuesto en la respectiva declaración. Para la picadura, rapé y chimú, el ad valorem del 10% se liquidará sobre el valor del impuesto al consumo específico de este producto.

Para los derivados, sucedáneos o imitadores es la siguiente: Por un componente específico $2.000 por mililitro y un componente ad valorem que se liquidará aplicando una tarifa del 30% sobre el precio de venta al publico certificado por el DANE.

Se establece que los ingresos adicionales generados en 2026 por el aumento de la tarifa serán determinados restando del total recaudado por ese concepto en cada mes de 2026 (minuendo), el total de ingresos recaudados por ese concepto en cada mes del año 2025, actualizado con la variación del índice de Precios al Consumidor causada en 2025, (actualizado con el IPC). El resultado (sustraendo), corresponderá a los departamentos y mantendrá la destinación prevista en la Ley.

5. Impuesto al consumo para bienes de lujo:

El decreto establece, para el año gravable 2026, la causación del impuesto nacional al consumo a la tarifa del 19% sobre los bienes clasificados en las partidas arancelarias 87.11 (Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 200cc) y 89.03 (yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas) referidas en el artículo 512-3 del ET, así como sobre los bienes a que se refiere el artículo 512-4 del mismo Estatuto (automóviles de tipo familiar, camperos y pick-up, cuyo Valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea igual o superior a USD $30.000, con sus accesorios, entre otros).

La norma no redefine individualmente los bienes alcanzados, sino que remite a las referencias arancelarias antes mencionadas (vehículos de alto valor, motocicletas de alto cilindraje, yates, embarcaciones de recreo y aeronaves).

6. Impuesto especial para la estabilidad fiscal:

Se impone un gravamen de 1% a la extracción en Colombia de hidrocarburos y carbón de las siguientes partidas arancelarias: (i) 27.01: Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla; y (ii) 27.09: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.

Este impuesto se causa en dos momentos:

Nota: Cuando los datos provisionales de la autorización de embarque difieran de los datos definitivos de la declaración de exportación, deberá pagarse el impuesto faltante dentro de diez días hábiles o solicitarse la devolución por pago en exceso, según corresponda al cambio en el valor FOB.

Sin embargo, la diferencia sustancial con el Impuesto Especial para el Catatumbo (Decreto 175 de 2025) radica precisamente en la calidad de sujetos pasivos, pues mientras aquél aplica a todos los extractores y exportadores sin distinción, este nuevo gravamen se focaliza exclusivamente en grandes grupos económicos que superen el umbral de renta establecido.

El Decreto prevé que no todos los exportadores y vendedores de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias mencionadas estarían obligados al pago de este tributo. Únicamente serán responsables aquellas personas naturales o jurídicas que, junto con sus vinculados económicos, hayan obtenido en el año inmediatamente anterior una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT (COP$2.618.700.000, para el 2026).

En caso de incumplimiento, las sanciones varían según la operación: tratándose de ventas locales, se aplicará una multa del 20% del impuesto omitido, o las sanciones de los artículos 641 y 644 del Estatuto Tributario cuando corresponda. Por su parte, en el caso de exportaciones, la multa ascenderá al 5% del valor FOB, sin perjuicio de la liquidación del impuesto e intereses moratorios.

Otras medidas.

1. Reducción transitoria de sanciones:

El Decreto establece una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN, a través de tres instrumentos con ventanas y requisitos definidos:

• Primero, una condición especial de pago para obligaciones en mora a 31 de diciembre de 2025.
• Segundo, una reducción para declaraciones omitidas, correcciones y obligaciones formales con corte a fechas específicas.
• Tercero, una conciliación contencioso-administrativa para procesos judiciales en curso.

Cada medida fija términos, coberturas y porcentajes concretos, así como obligaciones de información y efectos procesales:

2. Aplicación transitoria por incumplimiento de obligaciones formales.

El decreto establece una aplicación transitoria para subsanar incumplimientos de obligaciones formales en materia tributaria, aduanera y cambiaria generados antes de su entrada en vigencia. La subsanación es posible si, dentro de los plazos señalados, se acredita el pago de un porcentaje sobre los ingresos brutos declarados (3% para quienes declaran renta del año gravable 2024) o, para quienes no están obligados a declarar renta, el pago del 2% sobre el patrimonio bruto y/o activos poseídos al 31 de diciembre de 2025. Esta medida también aplica a contribuyentes con pliegos de cargos o sanciones en firme, siempre que cumplan las condiciones y plazos. La sanción resultante tiene un tope máximo de 1.500 UVT y no puede ser inferior a la sanción mínima vigente.

Se excluye expresamente la subsanación del deber formal de declarar y las obligaciones relacionadas con precios de transferencia, y aclara que la corrección de obligaciones formales no implica la aceptación de ingresos, costos, deducciones o impuestos descontables. Además, señala que la liquidación de la sanción procede sólo si el contribuyente subsana efectivamente la falta y cumple con la obligación formal cuando el Estatuto Tributario así lo exige.