El autor explica que el criterio reciente de la Suprema Corte ha desplazado el enfoque tradicional hacia un análisis integral de la conducta de la aseguradora, donde la capacidad de demostrar que el asegurado tuvo acceso real y efectivo a la información contractual puede resultar determinante para evitar condenas por daños punitivos.
En la segunda parte, Ávalos examina soluciones prácticas para mitigar riesgos legales, tomando como referencia experiencias del sector financiero y herramientas tecnológicas como registros electrónicos, sellos de tiempo, repositorios auditables o mecanismos de aceptación escalonada. Asimismo, subraya que la adopción de arquitecturas probatorias robustas no solo fortalece la defensa jurídica de las aseguradoras, sino que contribuye a reducir conflictos derivados de asimetrías de información con los usuarios.
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