Durante su intervención, Daniel Morán destacó que este precedente marca un punto de inflexión en la modernización del sistema judicial mexicano, al abrir formalmente la puerta a la justicia digital con una perspectiva de derechos humanos. Subrayó que, si bien los beneficios a largo plazo pueden ser significativos, como una mayor eficiencia procesal, transparencia y estandarización de criterios, será indispensable acompañar su implementación con programas institucionales robustos y capacitación continua para garantizar un uso responsable de la tecnología.
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