El decreto introduce cambios relevantes como la ampliación de los requisitos del expediente electrónico, nuevas obligaciones y supuestos de responsabilidad para agentes y agencias aduanales, la incorporación obligatoria del CFDI con complemento Carta Porte, así como mayores facultades para la revocación de autorizaciones y concesiones. Estas medidas implican un incremento en las cargas administrativas y en los riesgos de fiscalización para importadores, exportadores y empresas con operaciones logísticas complejas.
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