Este nuevo ordenamiento consolida y actualiza el marco regulatorio aplicable a todas las actividades de la industria de hidrocarburos —desde la exploración y extracción hasta la comercialización y expendio al público— con el objetivo de fortalecer la trazabilidad, la seguridad y la eficiencia operativa del sector. Entre sus principales novedades destacan la reducción de los plazos para la obtención de permisos, la introducción de nuevas obligaciones en materia de trazabilidad e impacto social, y la creación de definiciones armonizadas con las mejores prácticas internacionales.
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