La propuesta busca agilizar la tramitación de los juicios, evitar prácticas dilatorias y limitar el abuso de la suspensión en casos sensibles como lavado de dinero o actos vinculados a la deuda pública. Asimismo, incorpora medidas para impulsar la digitalización de los procedimientos y precisa restricciones tanto en el recurso de revocación del Código Fiscal de la Federación como en los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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