El 11 de diciembre se expidió la Ley General de Aguas, acompañada de relevantes reformas a la Ley de Aguas Nacionales, para armonizar el marco jurídico con el derecho humano al agua y saneamiento. Entre los cambios más relevantes destacan la eliminación del régimen de transmisión de derechos de agua, la incorporación del concepto de responsabilidad hídrica, la creación del fondo de reserva, nuevas reglas para la cuota de garantía, y la inclusión de delitos hídricos. Estas modificaciones impactan directamente la operación de concesiones, obligaciones regulatorias y procesos de reasignación, por lo que resulta esencial revisar los títulos vigentes y anticipar ajustes normativos.
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