La Ley General de Economía Circular representa un cambio estructural en la política ambiental mexicana al transitar de un modelo económico lineal a uno circular, basado en la prevención de residuos, el aprovechamiento eficiente de los recursos y la responsabilidad extendida del productor. La Ley establece nuevas obligaciones para personas productoras e importadoras, incluyendo la inscripción de su Gestión Circular ante la SEMARNAT, la implementación de mecanismos de circularidad y el cumplimiento gradual de metas ambientales por sector.
Asimismo, crea el Sistema Nacional de Economía Circular, un Registro y una Plataforma Nacional, e introduce prohibiciones orientadas a prevenir prácticas como el greenwashing. Este nuevo marco normativo tendrá un impacto transversal en diversos sectores económicos y requerirá una revisión integral de los procesos productivos y de cumplimiento ambiental.
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