La reforma modifica las fracciones IV y XI del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo un nuevo esquema de jornada laboral máxima que se reducirá progresivamente de 48 horas en 2026 a 40 horas semanales en 2030. Asimismo, introduce un régimen constitucional para el pago de horas extraordinarias —con pago doble para el primer bloque de hasta 12 horas semanales y triple para el excedente— y prohíbe el trabajo extraordinario para personas menores de 18 años.
Aunque los detalles operativos deberán definirse mediante reformas a la Ley Federal del Trabajo, la reforma ya genera efectos jurídicos inmediatos, como la prohibición absoluta de reducir salarios o prestaciones con motivo de la disminución de la jornada laboral. En este contexto, las empresas deberán comenzar a evaluar los ajustes necesarios en sus políticas laborales, contratos y sistemas de control de asistencia.
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