Las reformas introducen ajustes relevantes en materia de identificación de clientes y usuarios, beneficiario controlador, así como en los procedimientos de aviso ante la autoridad. Entre los principales cambios destacan la incorporación de nuevas obligaciones de debida diligencia, la precisión de criterios para la integración de expedientes de identificación y la actualización de umbrales aplicables a diversas actividades vulnerables.
Asimismo, se refuerzan las facultades de supervisión de la autoridad y se promueve el uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Estas modificaciones implican la necesidad de revisar y, en su caso, actualizar los programas de cumplimiento de los sujetos obligados para asegurar su alineación con el nuevo marco regulatorio.
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