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El acuerdo reconfigura de manera integral los trámites en materia de evaluación de impacto ambiental mediante la fusión de modalidades de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la reducción significativa de requisitos y la eliminación de los trámites unificados en materia forestal.
Asimismo, integra en un solo procedimiento las solicitudes de exención y no requerimiento, reduce plazos de resolución y establece nuevos formatos oficiales y lineamientos para la presentación de MIAs. También introduce ajustes en procedimientos como modificaciones de proyectos, cambio de titularidad y renuncia de autorizaciones, incorporando herramientas como la matriz comparativa de impactos. Si bien estas medidas simplifican la gestión administrativa y promueven la digitalización mediante la futura Ventanilla Electrónica Ambiental, el contenido técnico de las evaluaciones permanece sujeto al marco vigente de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento.
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