Esta decisión permite el inicio de las actividades de este órgano y supone no sólo el comienzo de su labor supervisora y capacidad sancionadora sobre los sujetos llamados a cumplir con la norma –como regla general, todas aquellas empresas que operen en España y tengan contratados a 50 o más trabajadores–, sino también el establecimiento de un plazo hasta el 1 de noviembre para comunicar el nombramiento y cese de los responsables de cada sistema interno de información.
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