Ya en la antigua Roma se dieron conflictos sobre la autoridad competente para vigilate y punire entre la diversidad de magistraturas, el Senado, ediles, tribunos, etc., y, con la expansión romana por el Mediterráneo, estos se ampliaron con las autoridades locales y con el nombramiento de promagistrados (procónsules, propretores, procuestores) en las diversas provincias, que contaban además con la pluralidad de derechos (local vs. romano). Sin duda, esto presentó un gran desafío para una estructura jurídico-política cada vez más compleja al final de tiempos republicanos (y su posterior conversión imperial) caracterizada por el equilibrio de esta multiplicidad de poderes.
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