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El 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió tres asuntos de relevancia en materia de prevención de lavado de dinero y bloqueo de cuentas bancarias. En estos asuntos se validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para incluir a particulares en la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de su vinculación con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, además, el bloqueo de cuentas bancarias podrá ordenarse con base en información obtenida en sede nacional e internacional.
Estas resoluciones impactan en el marco normativo mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y bloqueo de cuentas bancarias y refuerzan la importancia de que las empresas cuenten con programas sólidos de cumplimiento regulatorio y debido conocimiento de sus clientes y terceros socios comerciales para mitigar posibles contingencias relacionadas con lo anterior, especialmente ante la imposibilidad de obtener la suspensión de estos actos a través del juicio de amparo tras las reformas de 2025.
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