2025 ha terminado siendo un año intenso en compliance penal. El Tribunal Supremo ha vuelto a sacudir la cuestión central de la responsabilidad penal de la persona jurídica —la carga de la prueba del programa de prevención de delitos—, la Audiencia Nacional ha dictado el primer pronunciamiento que diseca técnicamente un modelo de compliance en un caso de corrupción y se ha activado un nuevo regulador nacional, como la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
En esta sesión analizaremos qué significan estos movimientos para la estrategia de defensa de las personas jurídicas, qué exigencias prácticas plantean a los órganos de compliance y cómo se conectan con la próxima incorporación al Código Penal de los nuevos delitos por incumplimiento de medidas restrictivas de la UE y con el resto de regulaciones europeas que marcarán la agenda de 2026.
Ponentes:
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