El 11 de septiembre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (el “Proyecto”), dirigido a establecer un marco integral de prevención, detección, investigación y sanción del fraude y la corrupción en el sector público.
El Proyecto no es, en su mayor parte, una reforma de origen europeo: desarrolla el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2025, de modo que el endurecimiento de penas para personas jurídicas, la ampliación de la prescripción y los nuevos tipos responden a política criminal interna; solo el bloque de decomiso y recuperación de activos transpone la Directiva (UE) 2024/1260.
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