Su objetivo principal es actualizar la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, transponer parcialmente la Directiva (UE) 2024/1640 e introducir ajustes en otras normas del sector financiero para mejorar su coherencia, reducir cargas administrativas y facilitar el acceso de las compañías cotizadas a otros mercados. Entre las principales novedades destacan la modernización de los mecanismos de identificación y diligencia debida en materia de PBC/FT, cambios en los umbrales de notificación de operaciones en OPAs y autocartera, y la posibilidad de cotización simultánea internacional sin trasladar el registro principal fuera de España.
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