Este procedimiento representa un nuevo enfoque dentro de la agenda de competencia económica en México, ya que por primera vez pone bajo la lupa a aseguradoras que participan en licitaciones públicas. La investigación podría derivar en visitas de verificación, requerimientos de información complejos y sanciones severas. Para las aseguradoras, contar con una estrategia legal adecuada y asesoría especializada será clave para mitigar riesgos.
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