Durante los últimos años hemos asistido a una indudable evolución de la presión ejercida por el legislador sobre las personas jurídicas y sobre sus administradores en materia penal y fiscal, respectivamente, que se ha visto incrementada de manera significativa por las modificaciones introducidas en el Código Penal y en la Ley de Sociedades de Capital.
En paralelo, se han aprobado una serie de recomendaciones no vinculantes (i.e. las Recomendaciones del Código de buen gobierno de sociedades cotizadas de la CNMV y las Recomendaciones del Código de buenas prácticas tributarias) encaminadas hacia un objetivo común: promover un giro en la tradicional relación jurídico-tributaria mantenida entre la Administración tributaria y los contribuyentes hacia un nuevo formato en cuyo epicentro se sitúa la cooperación directa entre ambos protagonistas. Este nuevo modelo tiene como objeto minorar la excesiva litigiosidad actual y fortalecer la seguridad jurídica.
Pues bien, en este nuevo escenario, se acaba de publicar la Norma UNE 19602 sobre sistemas de gestión de compliance tributario (SGCT). Se trata de una norma que refuerza este modelo cooperativo al establecer, por primera vez, un marco muy concreto para ayudar a las empresas españolas a implementar, mejorar y, en su caso, revisar, esta política de SGCT. Así, aquellos contribuyentes que decidan adoptar el contenido de la UNE 19602 podrán obtener la certificación de su SGCT por parte de una entidad oficialmente autorizada, siempre y cuando cumpla con la totalidad del contenido de la norma, pues no se admiten adhesiones parciales. Este certificado va a cobrar una relevancia especial para los grupos multinacionales españoles ya que es la matriz la que, efectivamente, asume la responsabilidad de las políticas tributarias adoptadas por sus filiales en las jurisdicciones donde operan. Estas filiales también podrán ser objeto de certificación.
Al tratarse de unos estándares emitidos por un organismo de normalización, la UNE 19602 es, por definición, una norma no obligatoria, de manera que aún está por determinar el reconocimiento que las autoridades fiscales y los Tribunales de Justicia otorgarán al referido certificado.