El esfuerzo realizado por las empresas en términos de compliance ha sido mayúsculo. Sin embargo, aunque numerosos profesionales han advertido del impacto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en las investigaciones internas corporativas y de la necesidad de planificarlas adecuadamente, la práctica demuestra que esta cuestión a menudo se deja a un lado cuando se trata de investigar.
Uno de los puntos más conflictivos es la gestión de las transferencias internacionales de datos. En este mundo global, cada vez son más las investigaciones internas que exigen la transmisión de datos personales a jurisdicciones externas al Espacio Económico Europeo (EEE), ya sea dentro del mismo grupo empresarial o a un tercero ajeno al mismo.
Con carácter general, los datos pueden ser transferidos a un tercer país u organización internacional, siempre que la Comisión Europea (CE) haya constatado que ofrece un nivel de protección adecuado (como es el caso de Andorra, Argentina, Guernsey, Isla de Man, Islas Feroe, Israel, Jersey, Nueva Zelanda, Suiza, Uruguay y, parcialmente, Canadá y Japón). Si el tercer país no se encuentra entre ellos, los datos sólo podrán transferirse si este hubiera ofrecido garantías adecuadas y a condición de que los interesados cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas, mediante la firma de normas corporativas vinculantes (BCR), la suscripción de cláusulas contractuales tipo aprobadas por la CE (SCC) o por una autoridad de control o la adhesión a códigos de conducta o mecanismos de certificación.
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